La Paz, 17 de agosto (Oxígeno).- Tras las verificación realizada a 63 juzgados y tribunales en materia penal de 16 ciudades del país, el Defensor del Pueblo, Rolando Villena, identificó que las condiciones de trabajo y la excesiva demanda no atendida, están afectando la atención adecuada de los procesos penales e incrementando la mora judicial “lo que vulnera los derechos de las ciudadanas y ciudadanos que tienen casos pendientes, especialmente las víctimas”.

El informe, presentado en conferencia de prensa este lunes, revela que en los 63 juzgados y Tribunales en los que se realizó la verificación, tienen más de 28.000 casos radicados, de los cuales los Juzgados de Instrucción Penal Cautelar concentran 21.600, los Tribunales de Sentencia 1.592 y los de Ejecución Penal 4.902, lo que evidencia que la cantidad de casos en la etapa de juicio oral es menor en relación a la cantidad de causas que están en la etapa preliminar.  El Alto es la ciudad que más casos concentra con 4.000, seguida de Sucre con 3.525, Cochabamba y La Paz con más de 3.300 cada una.

La verificación, que se realizó en enero de este año a 25 Juzgados de Instrucción Penal, 22 Tribunales de Sentencia y 16 de Ejecución Penal, revela además que en algunas ciudades no se cuentan con ambientes aceptables para el trabajo que se realiza, siendo gráfica la situación de Yacuiba donde, en algunos casos, el juez, su personal y las partes deben salir al patio para efectuar las audiencias por falta de espacio y en El Alto donde en un juzgado se utiliza el despacho del juez como sala de audiencias.

La situación también es crítica en cuanto al mobiliario que resulta insuficiente para todo el personal, debiendo muchas veces compartir escritorio y, en algunos casos, ante la falta de estantes, los expedientes son colocados en el piso.  En un juzgado, las mesas son prestadas e incluso se detectaron casos en  los que tuvieron que ser compradas con dinero de los servidores públicos, situación que se repite en el caso del material de escritorio, evidenciándose que en un Tribunal de El Alto, los funcionarios deben llevar sus propias hojas bond, cartulinas, bolígrafos u otro accesorio  de escritorio.

Respecto al sistema informático de seguimiento de causas, se ha verificado que en las ciudades de Villa Tunari, Yacuiba, Llallagua y Caranavi, no se cuenta con el sistema, por lo que se recurre a los propios expedientes o a los libros del juzgado o tribunal,  para proporcionar información al público. En ciudades capitales de departamento, el funcionamiento del sistema es más regular.

Respecto a la cooperación existente entre los juzgados, tribunales y el Ministerio Público y el Servicio Plurinacional de Defensa Pública, el informe señala que en La Paz, Sucre, Tarija, Cochabamba y Oruro, la cooperación es inexistente, mientras que en Potosí, Cobija, Santa Cruz, El Alto y Trinidad  es escasa y no uniforme en todos los juzgados y tribunales.

El informe destaca también que, para evitar la retardación de justicia, algunos juzgados realizan el trabajo fuera de los horarios establecidos y realizan audiencias de inmediato, en especial de casos donde la víctima es un niño, niña o adolescente.

Durante la presentación del informe, el Defensor señaló que “Aunque es evidente que, durante toda nuestra historia, el Órgano Judicial ha tenido un presupuesto limitado e insuficiente, no es menos cierto que, en la actualidad con el crecimiento de la demanda pública en la mayoría de sus áreas, la situación alcanza niveles de gravedad”.