García Linera dice se fue del país porque la justicia está “devastada”: “¿Quién me va a juzgar, el Escudo de las Américas o EEUU?”

El exvicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, afirmó que decidió irse del país, tras confirmarse el inicio de investigaciones para iniciar un juicio de responsabilidades en su contra y contra el expresidente Evo Morales por el caso Hotel Las Américas, debido a que considera que en el país “ha muerto el debido proceso” y la justicia está bajo el control de fuerzas extranjeras.

Entrevistado por Bolivisión, García Linera puso el ejemplo del caso de la elección del fiscal general interino, Armando Urioste, mismo que, denunció, fue elegido por votos de la “extrema derecha” de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y la influencia de embajadas que habrían “pagado” a diputados y senadores.

“El fiscal ha sido elegido por votos de partidos de extrema derecha que estaban recibiendo un pago vía QR de embajadas extranjeras”, aseveró García Linera.

La exautoridad identificó a las embajadas de Estados Unidos, Colombia y Argentina como algunas que habían pagado a legisladores a cambio de sus votos.

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En ese sentido, el exvicepresidente cuestionó cuál será la verdadera instancia que lo llegaría a juzgar en el caso del Hotel Las Américas, si la justicia boliviana o “el Escudo de las Américas”.

“¿Quién me va a juzgar? ¿El Escudo de las Américas? ¿La Embajada norteamericana? La justicia en Bolivia esta devastada, bajo el control de sectores extranjeros”, sentenció.

Aseveró que en esas circunstancias “ningún boliviano está protegido” e insistió que en el país “ha muerto el debido proceso”.

Juicio de responsabilidades

La bancada de Libre fue la que presentó la proposición acusatoria contra Morales y García Linera por la presunta comisión de los delitos de Asesinato, Vejaciones y Torturas, y Privación de Libertad vinculados al operativo en el Hotel Las Américas de abril de 2009, que dejó tres fallecidos, y las detenciones de ciudadanos presuntamente acusados de terrorismo y separatismo.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ya dio el visto bueno para que la Fiscalía investigue el caso y el Ministerio Público tiene 30 días para decidir si hay las evidencias suficientes para que la proposición acusatoria pase al Legislativo y se apruebe el juicio de responsabilidades contra Morales y García Linera.

El caso Hotel Las Américas refiere a un violento operativo policial ejecutado el 16 de abril de 2009 en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, donde las fuerzas de seguridad del Estado intervinieron dicho hotel y abatieron a tres extranjeros (Eduardo Rózsa-Flores, Árpád Magyarosi y Michael Martin Dwyer) acusados por el gobierno de Evo Morales de formar una célula terrorista que planeaba un magnicidio y la secesión de la región oriental del país. Aunque inicialmente el caso derivó en un largo juicio por supuesto terrorismo contra líderes civiles y políticos opositores, el rumbo de la investigación cambió de manera radical tras un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el cual determinó que el Estado boliviano cometió graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias.

El Ministerio Público, cabe recordar, ya aceptó una denuncia penal interpuesta recientemente por las víctimas y exprocesados del operativo del Hotel Las Américas (2009). Sin embargo, la resolución fiscal de admisión ha generado controversia al dejar fuera de la lista de investigados al exfiscal general del Estado, Juan Lanchipa, y a otros operadores de justicia señalados en la querella original.

La denuncia por los presuntos delitos de asesinato, vejaciones y torturas, entre otros, fue presentada por David Sejas Lopes, Alfredo Saucedo Ayala y Juan Carlos Guedes Bruno, tres víctimas del caso del Hotel Las Américas que fueron procesados por el delito de terrorismo y permanecieron detenidos durante varios años en la cárcel, presuntamente sometidos a torturas y amenazas.

La resolución, firmada por la fiscal de materia Yobana Quispe Soto, ordena el inicio de la investigación preliminar contra 105 personas (aunque el documento registra 107 menciones, con dos nombres repetidos). Entre los denunciados admitidos figuran ex altos funcionarios del gobierno de Evo Morales.

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