La Alcaldía de La Paz presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público contra dirigentes y miembros del sindicato de Emaverde, luego de que se registraran bloqueos que impidieron el normal desarrollo de funciones en dependencias municipales, afectando la atención a la ciudadanía y la prestación de servicios públicos.
De acuerdo con el documento oficial, los hechos se registraron la mañana de este martes, cuando personas identificadas con el sindicato bloquearon accesos a distintos edificios municipales, entre ellos instalaciones donde funciona la Administración Tributaria Municipal. Esta situación restringió el ingreso y salida de funcionarios, así como de ciudadanos que acudían a realizar trámites.
La denuncia señala que estas acciones habrían sido realizadas mediante medidas de presión que incluyeron intimidación y obstrucción, generando un impacto directo en el funcionamiento institucional. Asimismo, se advierte que el bloqueo afectó la recaudación municipal, al impedir que contribuyentes puedan cumplir con el pago de sus obligaciones.
En ese marco, la Alcaldía solicitó al Ministerio Público iniciar las acciones correspondientes por el presunto delito de impedir u obstaculizar el ejercicio de funciones públicas, con el objetivo de garantizar el respeto al orden institucional y el normal desarrollo de las actividades municipales.
La protesta
Desde tempranas horas de este martes personal de Emaverde bloqueó el ingreso a oficinas de la Alcaldía de La Paz, medida asumida por trabajadores que exigen el pago de bonos y denuncian retrasos en sus salarios.
Ante esta situación, el alcalde Iván Arias afirmó que, si bien existen compromisos económicos en curso, estos se encuentran dentro de los plazos establecidos y dependen del flujo de ingresos municipales
Asimismo, Arias sostuvo que detrás de las movilizaciones existen intereses dirigenciales que buscan posicionarse frente a la nueva gestión municipal. “No son las bases, son algunos dirigentes que están utilizando el conflicto para generar presión y protagonismo político”, afirmó.
El Alcalde también explicó que uno de los puntos de conflicto es la exigencia de bonos que han sido observados por instancias legales. Indicó que, en algunos casos, el municipio cumplió con pagos únicamente por orden judicial, pese a considerar que estos beneficios no corresponden a la normativa vigente.