La dirigencia del Magisterio urbano aceptó entablar el diálogo con el Ministerio de Educación y con la mediación de la Defensoría del Pueblo; sin embargo, mantiene sus piquetes de huelga de hambre y la tarde de este viernes protagonizó una nueva marcha en la ciudad de La Paz, y otras regiones.
La Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB), a través de sus cuentas en las redes sociales, trasmitió el inicio del diálogo; sin embargo, luego fue cortado a pedido de la Defensoría.
Del encuentro no participa, sin embargo, el defensor del Pueblo Pedro Callisaya, quien se sumará al encuentro tras terminar un encuentro con la misión de la OEA que llegó al país.
Los maestros urbanos exigen la eliminación total y definitiva del anteproyecto de Ley que busca transferir la administración de los institutos técnicos y tecnológicos a las gobernaciones.
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El sector asegura que el Gobierno busca iniciar el camino hacia la privatización de la educación y aseguró que mantendrá su proteste en defensa de la educación fiscal y gratuita.
Mientras el diálogo se desarrolla, los maestros marchan en La Paz y advirtieron que la siguiente semana masificarán sus medidas, con la adhesión de “padres de familia de base” y también estudiantes normalistas.
Entretanto, el ministro de Educación, Erick Sanjinés, afirmó el jueves que el Magisterio Urbano tiene intereses políticos y criticó, por ejemplo, que sus argumentos coincidan con los mensajes del expresidente Evo Morales.
“Los argumentos que están siendo utilizados por la dirigencia (del Magisterio) coinciden con los mensajes que vienen del expresidente (Evo Morales) desde el Chapare, también desde la Federación de cocaleros y también con los argumentos de la COB”, señaló la autoridad en contacto con Cadena A.
Sanjinés, en ese sentido, lamentó que “en la educación oprimen los criterios políticos y no los educativos”.
Precisamente con la mediación de la Defensoría, el Ministerio de Educación y el Viceministerio de Autonomías acordaron con el Magisterio Rural suspender el anteproyecto de Ley que busca transferir la administración de los institutos técnicos y tecnológicos a las gobernaciones.
El acuerdo de cuatro puntos contempla, en su primer punto, la suspensión del anteproyecto “y la realización de una evaluación integral y participativa, mediante mesas técnicas regionales que definirán una propuesta de nuevo modelo de gestión”, informó la Defensoría del Pueblo
Asimismo, el Gobierno ratificó el carácter único, fiscal y gratuito de la educación, el respeto al escalafón docente y el fortalecimiento de las Escuelas Superiores de Formación de Maestros, descartando su transferencia a las universidades.