Tras más de 50 días de bloqueos – que llegaron a su fin en las últimas horas-, el Gobierno prometió que no habrá impunidad contra las personas que impulsaron esa medida radical que mantuvo en crisis, sobre todo, a departamento de La Paz y, en ese marco, demandó a la justicia empezara a actuar contra los responsables.
Por un lado, a través de sus cuentas en las redes sociales, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, sentenció que los responsables por los bloqueos deben rendir cuentas por sus actos y aseveró que “no habrá impunidad en Bolivia”.
“Fueron 50 días de sufrimiento, pérdidas y retroceso. Pero los bolivianos defendieron a su democracia con firmeza y los responsables deben rendir cuentas por sus actos. Quiero ser muy claro con esto: no habrá impunidad en Bolivia. Y esto que sucedió tiene que ser también un punto de partida para trabajar en acuerdos políticos duraderos con todos los sectores democráticos”, señaló.
Lupo, en ese sentido, resaltó que el Gobierno y el presidente Rodrigo Paz optaron por el camino del diálogo para solucionar la crisis y aunque, reconoció, fue el más difícil, se lo hizo “para preservar la vida y para no caer en la trampa de quienes buscaban la violencia y la destrucción de la democracia”. “Agotamos la instancia del diálogo hasta el final”
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“Cuando llegó el momento y las condiciones jurídicas, políticas y estratégicas estaban dadas, se dictó el Estado de Excepción, que no fue para imponer la paz por la fuerza, sino para liberar al pueblo boliviano; no fue contra la democracia, sino para preservarla; y no fue para imponer el miedo, como en el pasado, sino para pacificar el país”, señaló.
En esa línea, sostuvo que “la clave de este éxito fue la resistencia y el apoyo de la ciudadanía, que demostró una vez más que está dispuesta a defender su democracia, su libertad y sus derechos con valentía”.
Señaló que a partir de haber superado esta crisis, ahora el país debe “alcanzar un amplio acuerdo político que permita impulsar las transformaciones que requiere Bolivia” y “encarar un proceso de reconstrucción que no solo contemple la rehabilitación de daños ocasionados en carreteras e infraestructura, sino también la recuperación de la economía y de los sectores productivos afectados”.
“No puede haber una paz duradera allá donde hay abandono y donde hay exclusión. Necesitamos encarar también un proceso de transformación basado en la inclusión, el reencuentro y la paz entre los bolivianos. Vamos a atender a sectores históricamente excluidos y para eso se decidió crear la Comisión Especial de Desarrollo e Integración de las Provincias de La Paz, para llevar tecnología, agua, energía, caminos y desarrollo a los sectores que han sido desatendidos por muchos años”, prometió.
Y cerró: “Ahora es el momento de mirar hacia adelante, de la reconciliación y el reencuentro entre todos los bolivianos que queremos un mejor futuro para nuestro país y que lo construyamos juntos”.
Por su parte, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, afirmó este martes que la justicia debe establecer responsabilidades por los bloqueos que afectaron al país durante las últimas semanas e identificar a las personas que promovieron, dirigieron o financiaron las medidas de presión.
“El señor (Evo) Morales hizo declaraciones que han quedado registradas por la prensa. La ley tiene que actuar y buscar la responsabilidad de las personas que estuvieron a cargo de este tipo de situaciones que generaron violencia y sufrimiento para la población”, afirmó la autoridad durante una inspección a los trabajos de limpieza en la carretera La Paz-Copacabana
Justiniano sostuvo que las investigaciones no deberían limitarse únicamente al exmandatario, sino alcanzar a todas las personas que participaron en la organización y financiamiento de los bloqueos.
“No solamente contra Evo, sino contra todas aquellas personas que han sido dirigentes de una consigna política y que financiaron esta situación que dejó a la familia boliviana sufriendo durante tantos días”, aseveró.
La autoridad recordó que las medidas de presión ocasionaron perjuicios a miles de ciudadanos, afectaron el abastecimiento y provocaron largas interrupciones en la circulación de personas y mercancías.
Agregó que la decisión de suspender las medidas no fue resultado de una concesión política, sino de la presión social generada por los efectos acumulados del conflicto.
Asimismo, informó que continúan las tareas de limpieza en distintos puntos de la Red Vial para retirar piedras, tierra y otros obstáculos instalados durante los bloqueos; sin embargo, la mayoría de las rutas ya se encuentran habilitadas.
Después de 51 días de bloqueos, en Bolivia rige el Estado de Excepción, dispuesto mediante el Decreto Supremo 5636. La medida, anunciada por el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, la madrugada del sábado 20 de junio, permitió la liberación de vías bloqueadas en diferentes rutas en La Paz, Oruro, Cochabamba, Potosí, Santa Cruz y otras regiones.