En la Ley del Presupuesto General del Estado 2026 reformulado, el Gobierno plantea la evaluación de todas las empresas estatales en 90 días y el cierre de aquellas que no cumplan con los “criterios” impuestos y sean deficitarias.
En la Ley se especifica que “la Oficina de Fortalecimiento de Empresas Públicas (OFEP) tendrá 90 días para evaluar la viabilidad de las empresas estatales, con la posibilidad de cerrar aquellas que no cumplan criterios técnicos y financieros”.
“Las empresas que han sido creadas por decreto se cerrarán por concreto, las empresas que han sido creadas por ley tendrán que ser cerradas por ley, así que ahí toca el trabajo con la Asamblea”, detalló afirmó el ministro de Economía, Gabriel Espinoza, en el acto de presentación de la Ley.
El pasado 30 de marzo, el director de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), Pablo Camacho, había informado que al menos 14 empresas estatales se encuentran en quiebra técnica y registran una deuda aproximada de Bs 1.025 millones.
Según Camacho, entre las compañías que estarían en esa situación figuran Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la Empresa Azucarera San Buenaventura, con operaciones en Potosí y en el norte de La Paz, respectivamente.
Estas empresas mantienen deudas con el Banco Central de Bolivia (BCB) y con el Fondo para la Revolución Industrial Productiva (Finpro) por “más o menos Bs 1.025 millones, que hay que comenzar a honrar”.
Asimismo, indicó que deben realizarse auditorías, ya que muchas de estas entidades “no cuentan siquiera con estudios TESA (Técnico, Económico, Social y Ambiental)”.