Cochabamba, 23 de junio (ABI).- El subcomandante regional de la Policía, Marcos Encinas, informó el martes que comenzó a gestionar la apertura pacífica de las puertas del campus de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) con estudiantes que las mantienen cerradas hace 11 semanas en acatamiento de un paro.

"Estamos buscando una forma pacífica de poder reaperturar estas puertas y estamos en eso", manifestó luego de culminar una reunión con el dirigente universitario Jarlin Coca.

Los estudiantes de la UMSS mantienen hace 11 semana un paro en rechazo a la Resolución 1/2015 que emitió en abril el Consejo Universitario para permitir que docentes extraordinarios suban a la categoría de titulares sin examen de competencia.

Encinas explicó que la reunión que tuvo con Coca comenzó con el anuncio oficial de que el Tribunal Departamental de Justicia ordenó el lunes por la tarde por medio de un memorial que la Policía colabore en la reapertura de las puertas del campus de la UMSS.

Dijo que la respuesta de Coca sobre el tema fue el compromiso de que la existencia de la orden judicial será informada a sus compañeros para que ellos resuelvan si se opondrán o no a su acatamiento.

"Nosotros por nuestro lado nos comprometimos a efectuar una interpretación jurídica a fondo de los alcances de la orden emitida sobre la base del Amparo Constitucional. Este trabajo lo terminaremos entre hoy y mañana", aseveró

El pasado viernes, el Tribunal Departamental de Justicia ordenó que las puertas de ingreso al inmueble principal de la UMSS sean reabiertas con el apoyo de un "Notario de Fe Pública y la fuerza pública si fuera necesario".

La decisión judicial fue tomada en la consideración de un Amparo Constitucional planteado por docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas contra los dirigentes universitarios Alejandro Mostajo, Jarlin Coca, Marcia Torrico y Rocío Rodríguez.

El documento del caso fue interpuesto bajo el argumento de que el paro estudiantil y el cierre de las puertas de la UMSS son promovidos desde abril por los demandados y que esas acciones vulneran los derechos constitucionales al trabajo y la educación de los querellantes.