La Paz, 02 de diciembre (Oxígeno).- La Compañía de Inversiones Mercantiles (CIMSA) informó este miércoles que el Grupo de Cementos Chihuahua perdió un arbitraje internacional, con sede en Estados Unidos, y que como consecuencia de aquello ha iniciado una campaña a nivel nacional para politizar un asunto prácticamente resuelto.

"Ante la inminente ejecucion del laudo arbitral que define el pago de daños y perjuicios a favor de CIMSA, en una corte de Estados Unidos, el GCC ha iniciado una campaña de amedrentamiento y desprestigio, intentando incluso politizar el tema", dice el comunicado.

CIMSA, cuyo propietario mayoritario es el empresario Samuel Doria Medina,  hizo conocer un comunicado en el que informa que  el GCC of América, una filial del Grupo de Cementos Chihuahua, recibió una notificación de embargo emitida por una corte arbitral de Estados Unidos, a denuncia de CIMSA, por la forma en que vendió su parte de Soboce al Consorcio Cementero del Sur, que, como efecto de aquella operación, actualmente dirige la mayor cementera de Bolivia.

“Cementos Chihuahua incumplió el acuerdo por el que debió ofrecerle la opción de adquirir las acciones de Soboce en primera instancia”, señala el comunicado de Cimsa.

De acuerdo con la información, la Corte Arbitral del Distrito de Colorado de Estados Unidos ordenó a la cementera mexicana a entregar información sobre los bienes que tiene en el estado de Colorado en los próximos 14 días y a no vender sus activos en esa zona.

“Los laudos arbitrales no son acordes a la legislación boliviana ni al derecho internacional”, respondió Cementos Chihuahua, que en un reporte de abril a la Bolsa Mexicana de Valores expresó su confianza en una resolución favorable en el conflicto que tiene CIMSA.

En La Paz, el director jurídico del Grupo de Cementos Chihuahua, Sergio Sáenz, denunció el miércoles a los vocales de la Sala Penal Civil de La Paz, por pretender favorecer al empresario Samuel Doria Medina, en un proceso "irregular".

El equipo legal de la mexicana Chihuahua presentó ante el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción una denuncia para que se investigue la actuación "irregular y sospechosa" de los vocales Ramiro Sánchez y Javier Percy Bravo.