Cochabamba, 16 de noviembre (Oxígeno).- Este lunes el Gobierno boliviano y representantes de la empresa Iberdrola acordaron los pagos por la indemnización de las empresas nacionalizadas a través del Decreto Supremo Nº 1448 del 29 de diciembre de 2012, con lo que se consolida la nacionalización en el sector eléctrico, manifestó el Procurador General del  Estado, Héctor Arce Zaconeta.

“No existe ningún conflicto legal en el ámbito eléctrico, así como no existe ningún otro conflicto legal en el área hidrocarburífera, de esta manera con condiciones ampliamente ventajosas para el Estado boliviano se sanea el proceso de nacionalización”, manifestó Arce Zaconeta en conferencia de prensa.

Estos pagos corresponden a la nacionalización de las acciones que tenían en la empresa Iberbolivia de Inversiones S.A., la cual a su vez era dueña de las sociedades anónimas bolivianas Electricidad de La Paz S.A. (Electropaz), Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica de Oruro, S.A. (ElfeoSA), Compañía Administradora de Empresas – Bolivia, S.A. (Cadeb), y la Empresa de Servicios Edeser S.A. (Edeser).

 “Se ha consolidado total y plenamente la nacionalización de las cuatro comercializadoras de electricidad que fueron nacionalizadas el año 2012, esto se ha logrado mediante la suscripción de dos acuerdos que se han firmado el día de hoy, uno con la empresa Iberdrola y otro con la empresa Paz Holdings, dichos acuerdos fueron debidamente autorizados por Decretos Supremos, el 2592 y el 2594 estos D.S. han autorizado la suscripción de los convenios que el Ministro de Hidrocarburos ha suscrito”, señaló el Procurador.

El acuerdo establece el pago de 34 millones de dólares estadounidenses a las empresas Iberdrola, S.A. e Iberdrola Energía, S.A.U. (Españolas) a través del Decreto Supremo 2594 y el pago de 19 millones de dólares estadounidenses al grupo inversor Paz Holdings Ltd. de Bermudas (Gran Bretaña) establecido en el Decreto Supremo 2592, ambas normativas aprobadas por el Consejo de ministros el pasado 11 de noviembre.

Las empresas Iberdrola, S.A. e Iberdrola Energía, S.A.U., mediante nota de fecha 29 de julio de 2014, presentaron formalmente una Notificación de Arbitraje ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya en contra del Estado Plurinacional de Bolivia, demandando el pago de la nacionalización de las acciones e intereses. Mientras que el grupo inversor Paz Holdings Ltd. presentó su Notificación de someter la controversia a arbitraje internacional el 22 de julio de 2015.

Durante el proceso de negociación la empresa ENDE, el Ministerio de Hidrocarburos y Energía, asesoradas por la Procuraduría General del Estado, acordaron elaborar y presentar a los representantes de las empresas Iberdrola, S.A. e Iberdrola Energía, S.A.U. y Paz Holdings Ltd., los estudios financieros que determinarían el valor de las acciones en las empresas nacionalizadas mediante Decreto Supremo Nº 1448.

El Estado, de forma responsable, realizó los estudios técnicos y jurídicos necesarios para preservar el patrimonio de las bolivianas y los bolivianos y luego de elaborados los mismos, se identificó el valor real de las empresas, con lo que –después de un arduo y largo proceso de negociación– se llegó a una solución amistosa para resolver ambas controversias. El

Estado boliviano pago la valuación más baja que arrojó el estudio realizado por la empresa ENDE.

El presidente Evo Morales, concedió alta prioridad a retomar el control –por parte del Estado– del sector eléctrico, considerándolo un sector estratégico de la economía y la sociedad boliviana, reiterando la importancia de garantizar la seguridad energética del Estado boliviano, con énfasis en el abastecimiento interno y en el cambio de la matriz eléctrica, dando mayor importancia al aprovechamiento del potencial hidroeléctrico. De esta manera Bolivia se convierte en un país exportador de electricidad generando así mayores ingresos para los bolivianos.