El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz presentó formalmente una propuesta nacional para convertir el debate de la denominada “Agenda 50/50” en una “ruta concreta, gradual y técnicamente sostenible hacia un nuevo Pacto Fiscal, Autonómico y Territorial en Bolivia”.
Bajo la premisa de que “descentralizar no es debilitar al Estado, sino acercarlo a la gente”, la iniciativa paceña plantea que el debate no se limite a la simple distribución de dinero, sino a definir en qué nivel de gobierno los recursos públicos se traducen en soluciones más rápidas y efectivas para las necesidades cotidianas de la ciudadanía.
La propuesta establece que para el año 2030, la masa fiscal coparticipable acordada técnicamente se distribuya bajo el siguiente esquema:
- 50% para el Nivel Central del Estado.
- 32% para el conjunto de los Gobiernos Autónomos Municipales de Bolivia.
- 10% para los Gobiernos Autónomos Departamentales.
- 8% para las Universidades Públicas.
Para evitar shocks o impactos bruscos en el presupuesto nacional, el GAMLP enfatiza que el cambio no será inmediato. La propuesta fija una línea base al cierre de 2026 sobre lo que cada nivel ya recibe, para luego cerrar gradualmente la “brecha de convergencia” durante cuatro años: un 25% anual en 2027, el 50% acumulado en 2028, el 75% en 2029 y el 100% en 2030.
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El planteamiento de La Paz subraya que el 32% municipal no es exclusivo para la capital paceña, sino para todo el sistema municipal boliviano. Asimismo, contempla criterios de equidad social para garantizar que los municipios pequeños, rurales o con mayores Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) no queden relegados frente a los grandes centros urbanos.
Para ello, la propuesta incluye una Garantía de Convergencia Territorial (un fondo de compensación) para asegurar que ningún municipio sufra perjuicios económicos durante la transición. Al mismo tiempo, se propone incentivar el esfuerzo fiscal local, premiando a los municipios que modernicen su catastro, aumenten responsablemente sus ingresos propios y optimicen la rendición de cuentas.
La postura del GAMLP condiciona la mayor transferencia de fondos a una correspondencia de competencias y resultados. Cada incremento de recursos deberá ir acompañado de la revisión y asignación formal de responsabilidades, asegurando que el ciudadano reciba mejores servicios en salud, educación, infraestructura, seguridad y desarrollo urbano. Asimismo, la propuesta enfatiza la necesidad de agilizar y desburocratizar las tramas administrativas nacionales para que las autonomías puedan ejecutar las obras con oportunidad y eficiencia.
“Buscamos un acuerdo de país donde ganen todos los municipios y donde el Estado se organice mejor. No se trata de una disputa entre niveles de gobierno, sino de llevar los recursos donde verdaderamente está la gente el mismo bajo el paraguas de cinco principios. Gradualidad que permita una transición previsible y sin shock fiscal de 2027 a 2030; equidad logrando una distribución con criterios sociales que atiendan tanto a ciudades capitales como a zonas rurales; solidaridad territorial para que ningún municipio debe perder recursos durante el proceso; correspondencia de manera que, a mayores competencias, mayor financiamiento garantizado y responsabilidad bajo una rendición de cuentas y gestión enfocada en resultados para la población”, concluye la propuesta del municipio paceño.