La Alcaldía de La Paz reportó que presentó 47 denuncias vinculadas a presuntos hechos irregulares de la anterior administración por posibles incumplimientos de deberes, deficiencias administrativas, contrataciones cuestionadas, cobros indebidos y actuaciones que podrían haber comprometido recursos y servicios públicos.
Según la Comuna, las denuncias fueron por presuntos cobros periódicos que habrían alcanzado a miles de funcionarios, venta fraudulenta de puestos de trabajo, exigencias económicas para obtener licencias de funcionamiento y obras millonarias con observaciones técnicas y contractuales.
Las denuncias, indica la Alcaldía, busca responder las preguntas: ¿Cómo se administraron los recursos de los paceños? ¿Quién autorizó las decisiones cuestionadas? ¿Quiénes se beneficiaron y quiénes permitieron que estas prácticas continuaran?
En ese sentido, la Alcaldía aseguró que el programa municipal ROTTWEILER contra la corrupción continuará revisando los antecedentes de la anterior administración, promoviendo auditorías y presentando nuevas denuncias cuando existan elementos suficientes.
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“La actual gestión considera que los casos identificados hasta ahora muestran un patrón preocupante de negligencia, desinterés, improvisación y posibles negociados que exige una investigación integral. Para la administración municipal, estos antecedentes ponen en cuestión la forma en que se condujo la gestión anterior, a la que califica como una etapa oscura para la institucionalidad paceña”, señala el reporte.
Asimismo, ase aseguró que las 47 denuncias no constituyen el cierre de las investigaciones y son el inicio de un proceso de esclarecimiento de mayor alcance.
Actualmente, informa la Comuna, se realizan más de 50 auditorías adicionales y más de 100 investigaciones de transparencia, “cuyos resultados permitirán determinar si existen nuevos indicios de irregularidades y responsabilidades que deban remitirse a las autoridades competentes”.
Las denuncias
Entre los casos más alarmantes se encuentra una denuncia por una presunta red de cobros periódicos e irregulares que habría afectado a más de 8.000 servidores públicos municipales.
También se investigan dos casos de presunta venta fraudulenta de empleos públicos, con aproximadamente 47 víctimas y montos denunciados que suman más de Bs 144.000.
A ello se añade la denuncia contra un funcionario que presuntamente habría exigido Bs 12.000 para facilitar una licencia de funcionamiento.
Las investigaciones también alcanzan proyectos de infraestructura ejecutados durante la anterior administración.
Entre los antecedentes figuran observaciones a proyectos de estabilización y drenaje que involucraron más de Bs 30 millones, así como contratos de infraestructura vial con cuestionamientos técnicos, modificaciones de plazos y deficiencias en procedimientos administrativos.
En uno de los proyectos, el plazo contractual pasó de 270 a 604 días mediante cinco modificaciones.
Por otro lado, la intervención de la Unidad de Mercados y Actividades Económicas empieza a generar los primeros hallazgos preliminares.
Según información comunicada por la actual administración, se han identificado indicios de duplicación de trámites presuntamente vinculados a una persona identificada con las iniciales J. B.
Estos indicios se encuentran sujetos a verificación documental y administrativa, por lo que todavía no corresponde atribuir responsabilidades definitivas.
La intervención busca esclarecer posibles mecanismos de intermediación, cobros indebidos, manipulación de expedientes y retrasos injustificados que pudieran haber perjudicado a comerciantes, caseras, caseros y titulares de actividades económicas.
La Alcaldía pide celeridad al Ministerio Público
La administración municipal, en ese sentido, pidió a la Fiscalía que las investigaciones avancen oportunamente, con diligencia y sin privilegios.
En ese sentido, pidió al Ministerio Público dar la mayor celeridad posible a las denuncias presentadas, practicar las diligencias necesarias, identificar responsabilidades cuando corresponda y evitar que los procesos se prolonguen injustificadamente.
“Sin embargo, la presunción de inocencia no puede convertirse en una excusa para dejar de investigar, así como una denuncia tampoco puede convertirse en una condena anticipada”, señala.