La Cámara de Diputados aprobó, en su sesión del jueves, el ‘Proyecto de Ley de Retorno económico’ que establece los niveles de gobierno responsables del financiamiento de obligaciones vinculadas al régimen penitenciario y al bono de vacunación.
“Habiéndose aprobado en sus dos estaciones, en grande y en detalle, y siendo cámara de origen, remítase a la Cámara de Senadores para fines constitucionales de revisión”, señaló el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro Salazar.
La norma dispone que el Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Gobierno, asuma el financiamiento del costo del prediario y los gastos de funcionamiento del régimen penitenciario a nivel nacional. Asimismo, el Ministerio de Salud y Deportes asumirá el financiamiento del bono de vacunación, conforme a sus atribuciones y la normativa vigente.
El proyecto establece, además, que las obligaciones generadas antes de la gestión 2026 por estos conceptos continuarán siendo asumidas por los gobiernos autónomos departamentales, conforme a la normativa aplicable al momento de su generación.
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Para la gestión 2026, la Autoridad Binacional Lago Titicaca, la Oficina Técnica Nacional de los Ríos Pilcomayo y Bermejo y el Servicio al Mejoramiento de Navegación Amazónica continuarán recibiendo transferencias departamentales; mientras que, desde 2027, sus fuentes de financiamiento serán determinadas mediante decreto supremo.