La justicia dictaminó 90 días de detención preventiva para la exgerente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Gabriela Delgadillo.
La exgerente de YPFB fue aprehendida el pasado lunes, acusada por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y usurpación de funciones, en el marco de las investigaciones vinculadas a la empresa estatal.
Según reporte de Unitel, antes de la audiencia de este miércoles, la defensa de Delgadillo presentó un par de incidentes en los que advirtió que la aprehensión se habría dado de manera irregular y solicitó que quede sin efecto.
Sin embargo, la autoridad jurisdiccional rechazó estas solicitudes y dio curso al tratamiento de las medidas cautelares.
El fiscal Daniel Ortuño sostuvo que la exejecutiva presuntamente incurrió en usurpación de funciones al firmar documentos como vicepresidenta de la petrolera estatal sin contar con esa designación formal.
“Ella ha cumplido diferentes cargos dentro de YPFB, entre ellos gerente de Comercialización de Combustible. Y en el desarrollo de esa función, de acuerdo a los elementos recolectados, venía usurpando funciones, en el sentido de que firmaba como vicepresidenta de YPFB”, expresó el fiscal en días pasados.
Al respecto, Desde el Ministerio de la Presidencia se indicó, el pasado lunes, que “como Gobierno, reafirmamos con absoluta claridad que la lucha contra la corrupción no es un discurso, es una acción concreta. No protegemos a nadie. No encubrimos a nadie. Las investigaciones deben avanzar con independencia, transparencia y respeto al debido proceso”.
Asimismo, el Gobierno remarcó que se llegará “hasta las últimas consecuencias” para investigar cualquier caso de corrupción que haya producido daño al Estado.
“Cuando se trata de recursos del Estado y de la confianza del pueblo, no hay espacio para privilegios ni excepciones (…) El país necesita instituciones firmes y decisiones responsables. Ese es el compromiso”, añadió.