Los hinchas con antecedentes violentos no podrán ingresar a Brasil para la próxima edición de la Copa América, que se celebrará entre el 14 de junio y el 7 de julio, informó este lunes el Gobierno de Jair Bolsonaro.

Según una normativa publicada en el Diario Oficial, en todos los aeropuertos, puertos y pasos fronterizos terrestres las autoridades migratorias contarán con información suministrada por otros países e impedirán la entrada a Brasil de personas que hayan participado en hechos de violencia en estadios o relacionados con el fútbol.

La medida, de acuerdo al texto publicado en el Diario Oficial, estará en vigor a partir de este mismo lunes y caducará el 7 de julio, una vez que concluya la final del torneo, que se jugará ese mismo día en el estadio Maracaná, de Río de Janeiro.

La 46ª edición de la Copa América será inaugurada el 14 de junio con el partido que disputarán las selecciones de Brasil y Bolivia en el estadio Morumbí, de la ciudad de Sao Paulo.

También participarán en el torneo las selecciones de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, todas miembros de la Conmebol junto con Brasil y Bolivia, a las que en esta edición se sumarán Japón y Catar en condición de invitados.

Además de Sao Paulo, el torneo de selecciones más antiguo del mundo tendrá como subsedes las ciudades de Belo Horizonte, Porto Alegre, Río de Janeiro y Salvador.

Por primera vez en la Copa América, la seguridad en los estadios será reforzada con sistemas de reconocimiento facial alimentados con información brindada por los países participantes sobre hinchas que, en el pasado, hayan estado implicados en algún hecho de violencia.

Según las previsiones de las autoridades brasileñas, los mayores flujos de hinchas serán desde Argentina, Uruguay, Chile, Colombia y Paraguay, tal como ocurrió durante el Mundial de 2014.

La seguridad en los alrededores de los estadios estará a cargo de las autoridades policiales, en tanto que en su interior quedarán bajo la responsabilidad de la Conmebol, que prevé contratar a unos 10.000 agentes de empresas privadas.