El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, ratificó que “Bolivia necesita construir acuerdos” a través del diálogo entre los distintos actores involucrados, para evitar una mayor escalada de violencia en el contexto de conflictividad que, desde hace varias semanas, afecta a los departamentos de La Paz, Oruro, Cochabamba y Potosí, con una tendencia creciente a la polarización.
“El diálogo no es solamente una alternativa, es una necesidad. Los conflictos no pueden resolverse por la fuerza, porque ello solo provocará más violencia. Bolivia necesita acuerdos; los conflictos deben encontrar solución en una mesa de diálogo y la responsabilidad de todos los actores involucrados debe orientarse a construir entendimientos”, exhortó el Defensor del Pueblo durante una conferencia de prensa.
Callisaya advirtió que los discursos de confrontación, odio y discriminación profundizan la incertidumbre de la población y dificultan la generación de condiciones favorables para el diálogo y la búsqueda de soluciones pacíficas.
Frente a este escenario, la autoridad defensorial recordó que el Estado tiene la obligación de garantizar los derechos de la población, atender las demandas sociales y asegurar que cualquier intervención se enmarque en los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.
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“La respuesta estatal debe estar siempre guiada por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad”, señaló.
Asimismo, recordó a los sectores movilizados que, si bien la protesta constituye un derecho fundamental en una sociedad democrática, las medidas de presión deben desarrollarse resguardando los derechos de terceros. “La radicalización de las posiciones puede alejar las posibilidades de solución y generar mayores riesgos para la población”, advirtió.
“Reiteramos nuestro llamado a la reflexión de todos los actores involucrados. Existen afectaciones concretas a derechos humanos: pacientes que requieren atención médica, familias que enfrentan dificultades para acceder a alimentos, personas que no pueden desplazarse, sectores económicos perjudicados, así como niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y otros grupos en situación de vulnerabilidad. Detrás de cada día que se prolonga este conflicto hay miles de personas cuyos derechos fundamentales se ven afectados”, remarcó.
Finalmente, informó que la Defensoría del Pueblo, junto a la Iglesia Católica y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto, mantiene canales de comunicación con las partes involucradas, con el objetivo de contribuir a la generación de condiciones para el diálogo.