Ante una emergencia que ya afecta a 114.048 familias en 63 municipios de seis departamentos del país, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano Urenda, convocó a las autoridades de los tres niveles del Estado a asumir una respuesta coordinada y corresponsable, en el marco de la declaratoria de Emergencia Nacional establecida mediante el Decreto Supremo 5759.
“La emergencia no comenzó con la firma del decreto. La sequía ya está perjudicando a más de 114 mil familias bolivianas y tenemos informes técnicos que advierten que, durante los próximos meses, los riesgos pueden agravarse”, afirmó durante una conferencia de prensa, al explicar los alcances de la declaratoria.
De acuerdo con los datos consolidados al 29 de octubre, de las 114.048 familias perjudicadas por la sequía, 78.217 se encuentran en condición de afectadas y 35.831, de damnificadas. Esta situación alcanza a 63 municipios de seis departamentos y evidencia la necesidad de fortalecer la capacidad de respuesta institucional en todo el territorio nacional.
Justiniano enfatizó que la atención de esta emergencia no puede recaer únicamente en una cartera de Estado, sino que requiere el compromiso de todas las instancias gubernamentales.
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“Esta no es una responsabilidad exclusiva del Ministerio de Defensa. La atención exige la participación de los ministerios competentes en agua, salud, producción, infraestructura, medio ambiente y economía, además de las gobernaciones y alcaldías”, sostuvo.
En ese sentido, pidió a los gobernadores y alcaldes identificar los daños, elaborar las evaluaciones de daños y necesidades, y formalizar sus propias declaratorias de emergencia o desastre cuando la magnitud del evento y la normativa vigente lo justifiquen.
La autoridad explicó que estos procedimientos son fundamentales para documentar las zonas afectadas y respaldar las actuaciones correspondientes.
Además, aclaró que solicitar asistencia humanitaria, recibir una entrega de bienes, ejecutar trabajos y realizar contrataciones por emergencia son procedimientos distintos y que ninguno de ellos elimina los controles establecidos.
El ministro también advirtió que la situación climática podría presentar nuevos desafíos durante los próximos meses, con posibles inundaciones, riadas, desbordes, heladas, granizadas e incendios forestales.
“Mientras en algunas regiones falta agua, en otras puede llegar demasiada. Son riesgos que debemos tomar en serio, sin presentarlos como hechos que necesariamente ocurrirán”, advirtió.
El Decreto Supremo 5759, firmado el 31 de octubre por el presidente Rodrigo Paz Pereira, establece una declaratoria de alcance nacional que respalda la coordinación entre el Gobierno central, las gobernaciones y los municipios. Además, constituye un paso importante para gestionar mecanismos de financiamiento destinados a enfrentar los desastres, conforme a las condiciones establecidas.
Al respecto, Justiniano precisó que la declaratoria no representa un desembolso automático de recursos ni una autorización para prescindir de los procedimientos correspondientes.
“La declaratoria constituye un paso importante para gestionar mecanismos de financiamiento destinados a enfrentar los desastres. Eso no significa dinero desembolsado ni recursos automáticos para cada municipio”, explicó.
Defensa Civil coordinará las acciones de su competencia y articulará el apoyo de las Fuerzas Armadas cuando corresponda, en el marco de una respuesta interinstitucional.
El ministro remarcó que el desafío es traducir la declaratoria en acciones de prevención, coordinación y asistencia efectiva para la población.
“La emergencia nacional no resuelve por sí sola los problemas. Nuestra responsabilidad es convertir esta decisión en prevención, coordinación, recursos gestionados con responsabilidad y ayuda concreta para las familias bolivianas”, concluyó.