El paro cívico convocado para este jueves en Cochabamba es apoyado por el trasporte internacional y federado que desde temprano bloqueó las calles. Las clases en colegios particulares se suspendieron, el magisterio anuncia que acataría el paro. La protesta es en contra de algunos artículos de la aprobada Ley de Sustancias controladas que autoriza la incautación de bienes.

El presidente del Comité Cívico, Juan Flores, asegura que el artículo 70 de la Ley de Sustancias Controladas es inconstitucional y pone en riesgo la propiedad privada por lo que se convoco a un paro de 24 horas para este jueves. Esta mañana, las rutas interdepartamentales y los puentes de acceso a la ciudad fueron bloqueadas por vehículos del transporte internacional y federado.

Ayer, el gobierno afirmó que se incluyeron en la Ley las modificaciones que pidió el transporte, pero el secretario ejecutivo de los choferes sindicales, José Orellana, afirmo que mientras se mantenga el artículo 70 y “se mantiene inalterable la posición del transporte de acatar el paro cívico”.

Mediante un comunicado, la Cámara Boliviana del Transporte Nacional e Internacional declaró el estado de emergencia y manifestó su “total desacuerdo ante los riesgos del proyecto de Ley de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas”.

COLEGIOS

La Asociación de Colegios Privados de Cochabamba informó que se suspendieron las actividades educativas para proteger a los estudiantes.

En cambio, el director departamental de Educación, Lorenzo Cruz, confirmó que las clases en unidades educativas fiscales serán normales, pero que habrá tolerancia para los estudiantes y maestros. Aunque el Magisterio Urbano informó que acatarían el paro.

PARO ILEGAL

El Gobierno central, el gobernador Iván Canelas y organizaciones sociales rechazaron la medida , la consideran “política”, injustificada e ilegal. Canelas afirmó que el Comité Cívico “no tiene ningún valor ni legítimo ni legal”, aseguró que la gobernación trabajará de forma normal y añadió: “Veremos cómo se genera esta ilegal y política medida de presión pero el trabajo tiene que ser normal”.

El ministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga, explicó que la Ley garantiza los bienes privados, porque prevé un “procedimiento garantista” y que los artículos 49 y 68 aseguran que no se afecte la propiedad de ningún ciudadano.