El Gobierno nacional presentó ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) el Proyecto de Ley de Inversiones, una propuesta de 103 artículos que busca establecer un nuevo marco para promover la inversión nacional y extranjera en Bolivia, con seguridad jurídica, reglas claras y una visión de largo plazo orientada a fortalecer la producción y generar empleo de calidad, afirmó el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza Yáñez.
La autoridad explicó que el proyecto fue construido sobre tres pilares: convertir a la inversión en un elemento normal de la vida económica del país; generar condiciones de previsibilidad, seguridad, estabilidad y confianza para quienes inviertan en Bolivia; y ordenar la normativa y la institucionalidad existentes para consolidar un Sistema Nacional de Inversiones.
“La inversión tiene que ser un elemento normal de la vida económica”, afirmó Espinoza al explicar que Bolivia necesita recuperar la capacidad de atraer capital y generar condiciones para que empresas nacionales y extranjeras puedan invertir, producir y crear nuevas fuentes de trabajo.
Conoce la Ley y algunas de las calves expuestas por el Ministro de Economía:
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Normalizar o naturalizar la inversión
La norma está orientada a normalizar la inversión en la economía del país y dejar atrás la imagen atípica de Bolivia, con menor inversión frente a otros países de la región.
Sistema de incentivos y regulación
Según el ministro, la creación de este sistema permitirá dar previsibilidad, seguridad, estabilidad y confianza al inversionista, sea nacional o extranjero, sin vulnerar la Constitución Política del Estado.
La nueva norma, sin necesidad de modificar la Constitución, otorgará seguridad jurídica, igualdad ante la ley, previsibilidad y estabilidad para los inversionistas y, fundamentalmente, un trato de buena fe desde el Estado hacia el inversionista.
Ordenamiento de incentivos y normativa legal
La ley pretende ordenar los incentivos y la normativa dispersa que, hasta hoy, no constituían un sistema nacional de inversiones. También se generará un sistema de evaluación constante de la norma; es decir, cualquier tipo de incentivo o carga que se agregue a algún inversionista, nacional o extranjero, pequeño, mediano o grande, será evaluado constantemente.
Respecto a los incentivos, la autoridad remarcó que no se busca establecer privilegios para algunos sectores, sino condiciones de previsibilidad y estabilidad para que los sectores o actores que vengan a invertir puedan hacerlo de manera estable y con confianza.
El Estado regulará de manera racional, con reglas claras que permitan evitar cualquier tipo de abuso.
Limitación de la discrecionalidad política
Según el ministro, la inclusión de este punto se debe a que en los últimos 20 años se ha vivido un ciclo de nacionalizaciones y estatizaciones que vulneraron derechos a partir de decisiones de las autoridades políticas, principalmente del Ejecutivo. Los beneficios se tomaban en ese momento y se dilataban los juicios en contra del país. En consecuencia, hoy Bolivia enfrenta los costos de esas acciones.
Para evitar esa situación, la nueva norma, sin resignar la potestad normativa de llevar adelante una expropiación o una nacionalización, establece reglas claras para que se lleve a cabo a través de una ley de prioridad nacional. Esto significa que ninguna autoridad del Ejecutivo podrá tomar en adelante una decisión unilateral; tendrá que consultar previamente a la Asamblea Legislativa y será esa instancia la que defina si corresponde o no, reconociendo el valor patrimonial de lo que se expropia o nacionaliza.
“En consecuencia, se unifican tanto los costos como los posibles beneficios, pero eso significa también que esto tiene que ser realmente una decisión del Estado boliviano, no de la autoridad de turno en ese momento”, indicó Espinoza.
Arbitrajes internacionales
Espinoza señaló que la Constitución establece restricciones a los arbitrajes internacionales en determinados sectores y bajo determinados tipos de contratos; no obstante, en los demás casos permite los arbitrajes.
Bolivia forma parte de varios tratados internacionales, entre ellos el Mercosur y la CAN, que cuentan con espacios de arbitraje. Al formar parte de estas instancias, el país reconoce esos mecanismos; por lo tanto, es posible hablar de arbitraje internacional en el ámbito boliviano, sin modificar la Constitución.
La Agencia Nacional de Inversiones
Respecto a la nueva Agencia Nacional de Inversiones, Espinoza explicó que estará constituida por varios organismos del Estado y buscará generar tres elementos importantes:
Un Plan Nacional de Inversiones: “En Bolivia somos muy reactivos a la inversión, no tenemos ningún tipo de criterio para la priorización y atracción de inversión, sobre todo privada”.
- Estrategia Nacional de Priorización de Inversiones: actualmente, Bolivia tiene que atraer inversión en el ámbito energético y en la exploración hidrocarburífera; sin embargo, evidentemente, en los próximos años esto va a cambiar. Por lo tanto, esta estrategia tiene que ser lo suficientemente flexible para entender la dinámica de esas coyunturas y mirar hacia adelante.
- Estrategia de Promoción de Inversiones en el Exterior: “En este concepto de Bolivia en el mundo y el mundo en Bolivia, hemos estado cerrados durante 20 años. A partir de nuestro Gobierno hemos iniciado una campaña muy agresiva de posicionamiento del país en los ámbitos internacionales. Hay mucho interés en venir a Bolivia y traer capitales, pero somos conscientes también de que competimos con muchos otros actores”.