El vocero presidencial, José Luis Gálvez, afirmó este miércoles que el exvicepresidente Álvaro García Linera se fue a México para evitar afrontar a la justicia boliviana por el ‘caso Hotel Las Américas’.
“El señor ha preferido irse a México en lugar de afrontar lo que corresponde afrontar (…) si cree que es inocente debería presentarse a la justicia”, afirmó Gálvez en entrevista con Cadena A.
La autoridad, en ese sentido, criticó que García Linera “siga el ejemplo del expresidente Evo Morales y evada la justicia. Además, cuestionó que ya es la segunda vez que decide solicitar asilo en el país azteca, haciendo alusión a cuando se fue al país centroamericano tras renunciar a la vicepresidencia el 2019.
“Es la segunda vez que acude a México, todos van a México. Tiene que ver con un problema que el debería reconocer como uno histórico. Hay un consenso en la inmensa mayoría de los bolivianos que lo que hubo fue ejecución” sumaria, señaló.
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El pasado 5 de noviembre, García Linera participó en la presentación del número 13 de la revista Wirapuru en la Universidad Nacional General Sarmiento (UNGS), en Argentina.
Juicio de responsabilidades
La bancada de Libre fue la que presentó la proposición acusatoria contra Morales y García Linera por la presunta comisión de los delitos de Asesinato, Vejaciones y Torturas, y Privación de Libertad vinculados al operativo en el Hotel Las Américas de abril de 2009, que dejó tres fallecidos, y las detenciones de ciudadanos presuntamente acusados de terrorismo y separatismo.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ya dio el visto bueno para que la Fiscalía investigue el caso y el Ministerio Público tiene 30 días para decidir si hay las evidencias suficientes para que la proposición acusatoria pase al Legislativo y se apruebe el juicio de responsabilidades contra Morales y García Linera.
El caso Hotel Las Américas refiere a un violento operativo policial ejecutado el 16 de abril de 2009 en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, donde las fuerzas de seguridad del Estado intervinieron dicho hotel y abatieron a tres extranjeros (Eduardo Rózsa-Flores, Árpád Magyarosi y Michael Martin Dwyer) acusados por el gobierno de Evo Morales de formar una célula terrorista que planeaba un magnicidio y la secesión de la región oriental del país. Aunque inicialmente el caso derivó en un largo juicio por supuesto terrorismo contra líderes civiles y políticos opositores, el rumbo de la investigación cambió de manera radical tras un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el cual determinó que el Estado boliviano cometió graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias.
El Ministerio Público, cabe recordar, ya aceptó una denuncia penal interpuesta recientemente por las víctimas y exprocesados del operativo del Hotel Las Américas (2009). Sin embargo, la resolución fiscal de admisión ha generado controversia al dejar fuera de la lista de investigados al exfiscal general del Estado, Juan Lanchipa, y a otros operadores de justicia señalados en la querella original.
La denuncia por los presuntos delitos de asesinato, vejaciones y torturas, entre otros, fue presentada por David Sejas Lopes, Alfredo Saucedo Ayala y Juan Carlos Guedes Bruno, tres víctimas del caso del Hotel Las Américas que fueron procesados por el delito de terrorismo y permanecieron detenidos durante varios años en la cárcel, presuntamente sometidos a torturas y amenazas.
La resolución, firmada por la fiscal de materia Yobana Quispe Soto, ordena el inicio de la investigación preliminar contra 105 personas (aunque el documento registra 107 menciones, con dos nombres repetidos). Entre los denunciados admitidos figuran ex altos funcionarios del gobierno de Evo Morales.