La Cancillería instó este miércoles a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a garantizar una evaluación equilibrada sobre las afectaciones que tengan los bloqueos, sobre las afectaciones que ocasionan los bloqueos que llevan 34 días en varias regiones del país.
En un extenso pronunciamiento, la cartera de Estado valoró que el organismo haya reconocido que los bloqueos prolongados generan afectaciones sobre derechos fundamentales de la población, particularmente en relación con el acceso a la salud, la alimentación, los medicamentos, el combustible, la libre circulación y otros servicios esenciales.
Para la Cancillería, el reconocimiento de la CIDH reafirma que la protección de los derechos humanos exige una visión integral que resguarde simultáneamente las libertades democráticas y los derechos de la población en su conjunto.
“Sin perjuicio de ello, el Estado considera necesario que toda evaluación sobre la situación incorpore de manera equilibrada y completa las afectaciones humanitarias derivadas de los bloqueos prolongados, así como los resultados de las investigaciones oficiales en curso, a fin de contribuir a una comprensión integral de los hechos”, afirma.
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En el documento, el Estado boliviano reconoció el derecho a la protesta pacífica y la libertad de expresión como pilares esenciales de toda sociedad democrática; sin embargo, recordó que el ejercicio de estos derechos debe realizarse en armonía con los derechos fundamentales de terceros y no puede traducirse en acciones que provoquen afectaciones graves y desproporcionadas a la población ni derivar en hechos de violencia, los cuales son incompatibles con los principios democráticos y el Estado de Derecho.
La Cancillería recordó que desde mayo los bloqueos generaron severas restricciones al abastecimiento de alimentos, combustible e insumos médicos; dificultaron el traslado de pacientes, personal sanitario y ambulancias.
Las medidas de presión también comprometieron el suministro de oxígeno medicinal para centros hospitalarios y afectaron la movilidad de miles de ciudadanos que no participan de los bloqueos
Además, se hizo mención a que los hechos de violencia registrados durante las movilizaciones, incluyendo aquellos que afectaron a personas en situación de vulnerabilidad, entre ellas niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores y pacientes que requieren atención médica continua.
“Estas circunstancias constituyen afectaciones concretas a derechos humanos cuya protección corresponde igualmente al Estado y merecen la atención de la comunidad internacional”, sostiene la Cancillería.
Por otro lado, afirmó que el Estado boliviano tiene el deber “irrenunciable” de garantizar la vigencia de los derechos fundamentales de toda la población, preservar el acceso a servicios esenciales, proteger la seguridad de las personas y asegurar el funcionamiento regular de las instituciones.