A través de un comunicado, la Central Obrera Boliviana (COB) informó que decidió declarar como persona “no grata” al diputado de la Alianza Unidad, Carlos Alarcón, por sus intentos de que se retome el tratamiento de la Ley Antibloqueos.
“En este momento crucial para el futuro de la patria, donde el Gobierno nacional y los representantes de los trabajadores nos encontramos en un escenario de reconciliación y diálogo abierto, sus exigencias solo buscan sembrar discordia, desestabilizar la paz social y criminalizar el derecho constitucional a la protesta de los sectores populares”, advirtió la COB en el texto difundido a través de sus cuentas en las redes sociales.
Ayer, miércoles, el diputado Alarcón informó que solicitará que la denominada Ley Antibloqueo sea tratada en el pleno de la Cámara de Diputados ya que, hasta la fecha, la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa del Estado no entregó el informe para su tratamiento, a pesar de haberse cumplido el plazo.
“Trataremos, directamente en el pleno, la Ley Antibloqueo que presenté el 15 de diciembre del año pasado. Han transcurrido seis meses sin que exista el informe de la Comisión de Justicia Plural sobre este proyecto de ley”, sostuvo el legislador.
Advertisement:
Alarcón dijo, también, que el proyecto establece tres niveles de sanción para quienes incurran en este delito: Cárcel de tres a seis años para bloqueadores de vías públicas que impidan el libre tránsito; de cinco a ocho años para promotores, directores y organizadores de bloqueos; y de 10 a 20 años para quienes ejerzan violencia durante los bloqueos, poniendo en riesgo la vida, integridad o patrimonio público y privado.
Por otra parte, el diputado dio a conocer que la norma garantizará que policías y militares que intervengan estas protestas, no sean usados como “carne de cañón” ni juzgados posteriormente. Además, crea la figura de responsabilidad solidaria para que cualquier víctima pueda demandar a un solo financiador, promotor u organizador de estos bloqueos, pudiendo exigir el resarcimiento total de los daños económicos sufridos.