El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, recordó que “la responsabilidad material de garantizar los derechos de la población corresponde a las diferentes instancias del Estado”, en sus distintos niveles, y que dicha responsabilidad no puede ser trasladada a la institución defensorial.
“Nosotros tenemos un mandato constitucional que, textualmente, establece que debemos velar y vigilar para que los derechos humanos se realicen. Sin embargo, la responsabilidad material de garantizar esos derechos recae en las diferentes instancias del gobierno central, departamental y municipal (…) No puede haber una transferencia de esa responsabilidad a instituciones como la nuestra”, señaló la autoridad ante la consulta de los medios de comunicación.
En ese contexto, Callisaya destacó que, durante los recientes escenarios de conflictividad social, la Defensoría del Pueblo desarrolló acciones orientadas a promover el diálogo, junto a la Iglesia Católica, realizar el monitoreo de la conflictividad para resguardar los derechos humanos e impulsar acciones humanitarias, pese a que varias de estas tareas correspondían originalmente a otras instancias estatales.
Entre las acciones realizadas, dijo, se encuentran las gestiones para garantizar el paso humanitario de cisternas con oxígeno medicinal, la facilitación del tránsito de ambulancias y la organización de caravanas humanitarias, en coordinación con la Cruz Roja y representantes de la Iglesia Católica, para la entrega de alimentos a personas varadas.
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“Nosotros hemos realizado verificaciones en hospitales, centros de acogimiento, estaciones de servicio y mercados para advertir todo lo que estaba ocurriendo en este escenario de conflictividad. También hemos impulsado acciones humanitarias, facilitado el paso de ambulancias, de cisternas con oxígeno medicinal y de caravanas humanitarias”, precisó la autoridad.
Asimismo, explicó que la institución defensorial emitió advertencias y realizó gestiones para evitar afectaciones al normal desarrollo de las actividades educativas presenciales, “resguardando el derecho de niñas, niños y adolescentes a acceder a la educación sin restricciones derivadas de los conflictos”.
De igual manera, señaló, se efectuó seguimiento a la situación de las personas aprehendidas, promovió la atención de las personas heridas y exigió al Ministerio Público el esclarecimiento de los fallecimientos registrados durante los hechos de conflictividad.
En el ámbito internacional, acotó, la Defensoría del Pueblo mantuvo una comunicación permanente con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y con distintas relatorías especializadas, “informando sobre las vulneraciones de derechos registradas en el país, incluidos los atentados contra la libertad de expresión y la libertad de prensa”
“Estas gestiones derivaron en pronunciamientos públicos y comunicaciones dirigidas al Estado boliviano por parte de organismos internacionales de protección de derechos humanos”, resaltó.
Finalmente, el Defensor del Pueblo reafirmó que la institución continuará ejerciendo su labor de vigilancia, supervisión y exigibilidad para que las entidades competentes cumplan con sus obligaciones constitucionales y legales, en resguardo de los derechos de toda la población boliviana.