La Cancillería de Argentina confirmó que la misión compuesta por políticos y activistas de su país ya abandonaron territorio boliviano, después de que el Gobierno identificara irregularidades en su ingreso al Estado.
En un comunicado, la Cancillería argentina señaló que Bolivia, «en el marco de las atribuciones soberanas de cada Estado para regular el ingreso de extranjeros, decidió no admitir a los integrantes de la misión». En ese sentido, precisó que los ciudadanos argentinos “se encuentran retornando a la República Argentina”.
La misión de políticos y activistas argentinos buscaban estar en Bolivia con la excusa de verificar una supuesta violación de derechos humanos en el marco de los bloqueos y protestas que se alargan por 46 días exigiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
En ese sentido, la Cancillería argentina señaló que el grupo llegó a Bolivia con el propósito de “realizar un relevamiento de los derechos humanos en Bolivia a pedido de diputados bolivianos”. Sin embargo, indicó que el Gobierno boliviano informó sobre observaciones detectadas durante los controles migratorios.
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Según la cartera diplomática, las autoridades bolivianas comunicaron que “se habrían verificado inconsistencias entre las condiciones declaradas para el ingreso al país y las actividades anunciadas públicamente por la delegación”, además de aspectos relacionados con el cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislación boliviana.
La Cancillería argentina destacó también que su embajada y consulados “activaron de inmediato los mecanismos de asistencia consular correspondientes, manteniendo contacto permanente con las autoridades competentes”.
Entretanto, en un comunicado, la misión argentina denunció que con el accionar el Gobierno de Bolivia viola su propia Constitución y los Tratados de Derechos Humanos.
“Este accionar dictatorial avasalla los derechos de los pueblos a ser observados y relevadas las violaciones de los derechos humanos que se difunden en medios de comunicación y redes sociales desde hace más de 40 días, y que son de público conocimiento”, recalca el comunicado.
Según se conoce, integraron la misión el diputado nacional Juan Marino (Unión por la Patria) y las legisladoras de Ciudad de Buenos Vanina Biasi e Ingrid Urrutia (ambas del Frente de Izquierda); Matías Gayol (Partido Piquetero), Soledad Mosquera (Asociación de Docente/Izquierda Socialista) y María José Cano (Central de Trabajadores de Argentina Autónoma).
También la conforman Alejandrina Barry (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos), Ailén Beraldo (Pan y Rosas Argentina / Asociación de Docentes), Emmanuel Cuello (Partido comunista de Argentina), Martín Illanez, (Coordinadora Argentina de Derechos Humanos) y Andre Reile (Liga por los Derechos Humanos)
Los otros miembros son Facundo Nahuel, Matías Bohl, César Villca Tupa, María Pomacusi, Leonardo Arias y Maria del Rosario Hasperue.
El Gobierno acusa injerencia y dice que misión argentina no cumplió requisitos
Al respecto, el Gobierno boliviano emitió un comunicado en el que informa que las decisiones adoptadas por las autoridades migratorias respecto al ingreso de ciudadanos extranjeros al territorio nacional “fueron asumidas en estricto cumplimiento de la Constitución Política del Estado”.
“Bolivia reafirma su compromiso con el respeto de los derechos humanos, el derecho internacional, la cooperación entre los pueblos y las relaciones de amistad con todos los Estados, en el marco del respeto mutuo, la soberanía y la no injerencia en los asuntos internos”, reza el comunicado.
Asimismo, informa que durante los controles realizados por las autoridades competentes, se verificó el incumplimiento de requisitos exigidos para la admisión y permanencia en territorio nacional, así como “inconsistencias entre las condiciones declaradas para su ingreso y las actividades anunciadas públicamnte por la delegación”.
De acuerdo al comunicado oficial brindado por el Ministerio de Gobierno, las medidas adoptadas responden exclusivamente a criterios legales y administrativos, sin consideración de opiniones políticas, nacionalidad, afiliación ideológica o cualquier otra condición personal que pudiesen declarar los ciudadanos involucrados.
“El Estado recuerda que toda persona extranjera que pretenda ingresar al país debe cumplir las disposiciones establecidas por la legislación y acreditar las condiciones requeridas para su permanencia. Asimismo, las invitaciones emitidas por autoridades, legisladores o instituciones nacionales no sustituyen ni eximen el cumplimiento de los requisitos migratorios establecidos por el ordenamiento jurídico boliviano”, señala el documento.