El TCP definirá en las próximas horas si admite las acciones contra la Ley de Estados de Excepción

El decano del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Edson Dávalos, informó que la Comisión de Admisión de esa instancia definirá en las siguientes horas si admite o no las acciones de inconstitucionalidad que se presentaron contra la Ley de Regulación de los Estados de Excepción, que fue promulgada por el presidente Rodrigo Paz la semana pasada.

Dávalos especificó que la principal acción contra la norma fue presentada por el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, aunque también hay otro recurso entregado por un legislador.

“Solamente se ha recibido en el TCP acciones de inconstitucionalidad abstracta presentada por el Defensor y algún diputado. Cuestionan la constitucionalidad de algunos artículos de la Ley de Estados de Excepción”, aseveró, según reporte de Radio Fides.

La autoridad del TCP, en ese sentido, señaló que “mañana se va a hacer conocer si se ha cumplido con el tema de la legitimación pasiva”, pero enfatizó que solo se definirá la admisibilidad y no entrará a analizar temas de fondo.

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Recordó que en este caso la acción debe ser presentada contra el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Edmand Lara, debido a que fueron las cámaras legislativas las que aprobaron la norma.

El pasado 8 de junio, el presidente Rodrigo Paz promulgó la Ley Nº 161/2025-2026, que regula los estados de excepción en Bolivia, y aseguró que seguirá gobernando hasta el 2030.

“Somos un Gobierno y gobernaremos hasta el 2030”, aseveró Paz en su discurso.

Acompañado por su gabinete de ministros, además de los altos mandos de la Policía y las Fuerzas Armadas, Rodrigo Paz afirmó que a través de la Ley el Gobierno podrá garantizar dar seguridad la población para poder aprovechar la “prosperidad” de una “economía transformada”.

La Ley que regula los Estados de Excepción fue sancionada por el Legislativo y busca “garantizar la conservación del orden público interno, la vigencia de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política del Estado (CPE) y la protección de la ciudadanía, ante amenazas externas, conmociones internas o desastres naturales”.

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