El diputado de la Alianza Popular, Rolando Pacheco, presentó una Acción de Inconstitucionalidad contra dos artículos de la recientemente promulgada Ley que regula los Estados de Excepción.
Pacheco especificó que la acción fue presentada en contra de los artículos 25 y 26 de la referida norma porque considera que brindan “carta blanca” para matar a los movilizados.
El artículo 25 de la Ley dictamina que el uso de la fuerza en operativos conjuntos entre la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas debe ser “excepcional, diferenciado y estrictamente necesario”.
“Su única finalidad debe ser neutralizar riesgos graves e inminentes que amenacen la vida, la seguridad de la población, la estabilidad de las instituciones o la infraestructura estratégica del Estado”, señala el texto.
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Entretanto que el artículo 26 determina que “todas las actuaciones operativas que realicen los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía gozarán de la presunción de legalidad”.
“Esto significa que, inicialmente, se asume que los uniformados actuaron conforme a la ley y en cumplimiento de su deber”, especifica la norma.
El diputado Pacheco, en ese sentido, expresó su confianza respecto a que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) se pronuncie lo más pronto posible, a cuentas que hora el presidente Rodrigo Paz tiene vía libre para decretar el Estado de Excepción.
El presidente Rodrigo Paz promulgó la Ley Nº 161/2025-2026, que regula los estados de excepción en Bolivia, y aseguró que seguirá gobernando hasta el 2030.
“Somos un Gobierno y gobernaremos hasta el 2030”, aseveró Paz en su discurso.
Acompañado por su gabinete de ministros, además de los altos mandos de la Policía y las Fuerzas Armadas, Rodrigo Paz afirmó que a través de la Ley el Gobierno podrá garantizar dar seguridad la población para poder aprovechar la “prosperidad” de una “economía transformada”.
La Ley que regula los Estados de Excepción fue sancionada el fin de semana por el Legislativo y busca “garantizar la conservación del orden público interno, la vigencia de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política del Estado (CPE) y la protección de la ciudadanía, ante amenazas externas, conmociones internas o desastres naturales”.