La norma que abroga la Ley 1720, de reconversión de la pequeña tierra, fue aprobada en el Senado, pero con modificaciones. En consecuencia, fue devuelta a la Cámara de Diputados para su consideración y, por lo tanto, aún no fue sancionada.
El Senado alteró su orden del día para tratar la abrogación por sugerencia de su presidente, Diego Ávila. Sin embargo, la autoridad legislativa también propuso añadir dos disposiciones adicionales a la Ley.
La primera señala que ambas cámaras deberán establecer un marco normativo establecer una nueva norma que persoga los mismos fines que la Ley abrogada en un plazo de 60 días; la segunda señala que el proceso tendrá la “participación de entidades nacionales y departamentales con representatividad y legalidad verificada tomando como base a las comisiones agrarias departamentales”.
Las disposiciones fueron aprobadas por mayoría, aunque el senador Jesús Suárez pidió a la Cámara aprobar la norma sin modificaciones considerando que hay marchistas que llegaron del Beni y Pando “enfermos y cansados” esperando únicamente la abrogación de la Ley.
No obstante, se hizo caso omiso al pedido y la norma fue devuelta a Diputados para su tratamiento.
Cabe señalar que si la Cámara Baja no aprueba las modificaciones la ley deberá ser tratada en el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), lo que alargará aún más el procedimiento.
Así, ya pasó una semana desde que el presidente del Estado, Rodrigo Paz, y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) acordaron gestionar la abrogación de la Ley 1720 de conversión de tierras, tras un diálogo sostenido en la Casa Grande del Pueblo.
La Ley 1720 autoriza al INRA a convertir voluntariamente pequeñas propiedades rurales tituladas en medianas propiedades; sin embargo, fue cuestionada por sectores indígenas y campesinos, que demandan su anulación.
Precisamente, indígenas y campesinos de Pando y Beni – que marcharon a La Paz durante 23 días- desconocieron a los dirigentes que firmaron el acuerdo con el Gobierno y mantienen una vigilia hasta que la Asamblea abrogue la norma.