La Defensoría del Pueblo reportó que durante el 2025 Bolivia afrontó 825 conflictos a nivel nacional. Los derechos económicos y laborales fueron los más denunciados de afectación en la gestión 2025, seguido del derecho político, derecho a la prestación de servicios y vivienda, transporte, obras públicas y el derecho a la educación, de acuerdo al reporte del comportamiento de la conflictividad del Sistema Inteligente de Monitoreo, Análisis y Alerta Temprana (SIMAT).
El jefe de la Unidad de Prevención y Transformación de Conflictos de la Defensoría del Pueblo explicó que “el 2025 suman 841 conflictos” y precisó la magnitud de esta cifra al señalar que, si se la compara con el promedio histórico de los últimos 50 años —que alcanza a 362 conflictos—, se evidencia un incremento importante. “Esto significa que el anterior año ha sido un año bastante conflictivo y sin duda esto tiene correlación con la crisis económica”.
Durante el tercer trimestre, las demandas (186) se orientaron en su mayoría al ámbito laboral y de empleo, mientras que en el cuarto trimestre (187) se reorientaron nuevamente a lo económico.
Según el Reporte de Conflictividad del SIMAT, en el cuarto trimestre del 2025, se registraron 187 hechos sociales a nivel nacional; la mayor cantidad en La Paz con 66 casos, Santa Cruz con 29 y Cochabamba con 21 y en menor número en otros departamentos.
Esta dinámica social derivó en la denuncia de vulneración de diversos derechos como el económico con 49 registros, laborales con 44, político 28, derecho a la prestación de servicios y vivienda con 17, entre otros.
En cuanto a las medidas de presión adoptadas por los sectores sociales, se registraron 55 estados de emergencia, 31 bloqueos, 30 paros, 17 enfrentamientos, 16 protestas y 14 marchas, ocho tomas de instalaciones, ocho huelgas, cuatro vigilias, dos casos referidos a retención de personas y dos mítines.