El expresidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, Yván Córdova, denunció que dentro del ‘caso consorcio’ fue extorsionado por 25 mil dólares para que cese la “persecución” en su contra.
“Hemos sido extorsionados, existe documentos en los cuales se nos ha pedido 25 mil dólares por cabeza”, denunció. Señaló que junto él también fue víctima el exministro de Justicia, César Siles.
Ambos Siles están acusados para ir a juicio en el caso consorcio. Se les sindica de haber conformado una red de influencias para intentar destituir de manera ilegal a la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Fanny Coaquira.
Córdova acusó a uno de los abogados de la magistrada Fanny Coquira de ser quien llevó adelante la extorsión.
“Es el doctor (José Luis) Apaza, el denunciado, está firmado con su puño y letra”, relató.
Al respecto, el abogado Alberto Morales, patrocinante de ambos denunciantes, confirmó que la defensa de Coaquira pidió 25 mil dólares tanto a Córdova y Siles para acabar el proceso, pero, dijo, ambas exautoridades fueron “estafadas”.
En contacto con Erbol, Morales señaló que las gestiones para alcanzar un acuerdo comenzaron bajo el argumento de buscar una salida jurídica que permitiera recuperar la paz social y evitar la continuidad de un proceso que, a criterio de la defensa, contenía acusaciones desproporcionadas contra sus representados.
Señaló que tanto Siles como Córdova hicieron el pago de los 25 mil dólares; sin embargo, luego Coaquira aclaró que ella no autorizó ningún trámite sobre el caso y Apaza no volvió a responder las solicitudes de explicaciones y aclaraciones.
Morales, en ese sentido, afirmó que estos hechos podrían configurar los delitos de falsedad y estafa con agravante de víctimas múltiples, debido a que tanto Córdova como Siles habrían sido afectados por el mismo mecanismo.
Aclaró que sus clientes nunca negociaron directamente con la magistrada Coaquira, sino que todas las conversaciones y reuniones se desarrollaron a través del apoderado.
Asimismo, informó que la denuncia fue presentada ante el Ministerio Público y que esperan que la Fiscalía la admita, convoque a declarar a los denunciantes y a los abogados que participaron en las reuniones, además de valorar los documentos y mensajes que respaldarían su versión.
Acusa a Romer Saucedo
Entretanto, Yván Córdova acusó al expresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, hoy en el autoexilio y acusado de tráfico de sustancias controladas y organización criminal, de ser el idéologo del caso con el objetivo de tomar control del TDJ de La Paz.
“Nos han extorsionado para callarnos, y ¿quién era la cabeza? Saucedo, el ordenaba, instruía que hagan y deshagan”, señaló.
Denunció, además, que ahora se busca revertir las medidas sustitutivas en su contra para que vuelva a la cárcel.
“Están buscando acallarnos. Están buscando revocar las medidas sustitutivas y meterme en la cárcel”, aseveró.
Caso consorcio
La investigación del caso surgió a raíz de la decisión del juez de Coroico Marcelo Lea Plaza (+), quien, tras una acción de cumplimiento, trató de destituir a la magistrada del TSJ por La Paz, Fanny Coaquira Rodríguez, y en su lugar habilitar como magistrado a Iván Ramiro Campero Villalba, quien no logró los votos suficientes en las elecciones judiciales para ser magistrado electo titular.
Tras destaparse el caso, el expresidente del TSJ, Romer Saucedo, detalló el accionar del presunto consorcio para dar el “golpe” al Órgano Judicial.
Relató que en enero de 2025, el entonces ministro de Justicia, César Siles, impuso que Yván Córdova sea el Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. “Asumiendo la presidencia, empieza a gestarse un juego de intereses para poder asumir el ex vocal y decano Iván Campero, quien es magistrado suplente de la doctora Coaquira”, relató.
En ese sentido, el Presidente del TSJ señaló que Córdova delegó a Claudia Castro como vocal de la Sala Penal y fue ella la encargada de coordinar la acción de cumplimiento con la que el juez Lea Plaza destituiría a la magistrada Coaquira, acción por la que fue aprehendido y detenido preventivamente.
“Todo esto protegido por el exministro (Siles). A título personal planifica este ataque al Órgano Judicial”, relató Saucedo.
Incluso, señaló que se estaban ejecutando acciones similares en busca de destituir a magistrados y tribunos del Consejo de la Magistratura y del Tribunal Agroambiental y así “dar un golpe a la democracia y la institucionalidad”.
En conferencia de prensa, el Presidente del TSJ recalcó que el accionar de Siles fue a “título personal” y no así del Gobierno boliviano, entonces encabezado por Luis Arce.
Imputación de la Fiscalía
La Fiscalía presentó la acusación formal en contra del exministro de Justicia, César Siles, además de otras siete personas, por el denominado ‘caso Consorcio’, y pide una sentencia de 10 años de cárcel.
Según el documento, la Fiscalía pide a la autoridad competente que las 11 personas sean declaradas culpables por los delitos de tráfico de influencias, consorcio y organización criminal, en grado de autoría, y cumplan sus sentencias en el penal de San Pedro de La Paz, en caso de los hombres, y en el de Obrajes en el caso de las mujeres.
Además de Siles, también son acusados formalmente los exvocales del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Yván Córdova y Claudia Castro; el magistrado suplente del TSJ, Iván Campero; el funcionario que habría direccionado el sorteo del caso; además de Oscar Antonio Amelunge y el abogado que presentaron la Acción de Cumplimiento.
En este caso, sólo la exvocal Claudia Castro cumple detención preventiva en el penal de Obrajes.
En cuanto al resto de los implicados, tienen medidas sustitutivas excepto Antonio Amelunge, quien se encuentra prófugo de justicia.