El Gobierno nacional, a través de la Agencia Estatal de Vivienda (AEVivienda), ejecutará un programa excepcional de reparación y reconstrucción de las viviendas afectadas por la explosión ocurrida en el Regimiento Simón Bolívar de Viacha, del departamento de La Paz, para lo que autorizó la transferencia de Bs 5,5 millones del Ministerio de Defensa a esta entidad mediante el Decreto Supremo 5774.
La medida fue promulgada por el presidente Rodrigo Paz, tras la reunión de Gabinete Ministerial de este lunes 16 de noviembre. El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Mauricio Zamora, está entre las autoridades encargadas de la ejecución y cumplimiento de esta disposición, que establece que AEVivienda administrará los recursos mediante su fideicomiso y ejecutará las intervenciones en los inmuebles afectados.
El decreto autoriza a esta entidad a realizar trabajos de reconstrucción, reparación, reposición de elementos constructivos, demolición técnicamente necesaria y reposición de instalaciones básicas indispensables.
La norma también establece que estas intervenciones estarán destinadas a “restituir condiciones de seguridad, funcionalidad y habitabilidad existentes antes del siniestro”, sin contemplar ampliaciones ni obras ajenas a los daños acreditados.
Los beneficiarios serán los propietarios y, excepcionalmente, los poseedores de viviendas ubicadas en el área afectada, que será delimitada por el Ministerio de Defensa mediante un informe técnico remitido oficialmente a AEVivienda, detalló el Ministerio de Obras Públicas.
La disposición también establece que la falta de perfeccionamiento del derecho propietario no impedirá por sí sola la intervención, siempre que la posesión pueda acreditarse mediante documentación disponible, certificación municipal u otros medios idóneos.
Para determinar los trabajos necesarios en cada inmueble, AEVivienda podrá realizar estudios técnicos especializados y basará sus intervenciones en los informes del Ministerio de Defensa.
Además, ambas instituciones deberán suscribir un convenio interinstitucional para coordinar el cumplimiento de la normativa, de acuerdo con sus respectivas competencias.
El decreto supremo establece un plazo de hasta siete días hábiles, a partir de su publicación, para que AEVivienda cree el programa excepcional y elabore su reglamento, que serán aprobados mediante Resolución Administrativa.
La transferencia de los Bs 5,5 millones deberá efectuarse en un plazo máximo de siete días hábiles a partir de la emisión de la norma. Esta disposición permitirá atender a las familias damnificadas y contribuir a la recuperación de sus viviendas.
La explosión
El viernes 4 de septiembre hubo dos explosiones en el Regimiento Bolívar, ubicado en el municipio paceño de Viacha, que dejaron decenas de fallecidos, heridos, desaparecidos y daños materiales de consideración.
Según informó el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, en esa oportunidad, la primera explosión ocurrida involucró pólvora negra proveniente de material pirotécnico almacenado. El segundo estallido, señaló, fue de mayor gravedad y aún se investigan las causas.
Entretanto, el comandante general del Ejército, general de división Héctor Alejandro Alarcón, aclaró que las explosiones no se produjeron propiamente en las instalaciones operativas del Regimiento Bolívar, sino en dependencias del Centro General de Mantenimiento de Material Bélico de Artillería, una unidad técnica del Ejército.
Según información documental preliminar obtenida por la institución, en depósitos dependientes del Ministerio de Defensa se encontraba almacenado material pirotécnico y material utilizado en minería y construcción de caminos, entre ellos cajas de boosters y petardos.
En este caso, el Ejército decidió presentar una querella penal en contra de Edmundo Novillo, quien fuera Ministro de Defensa durante el Gobierno de Luis Arce, por el delito de homicidio culposo.
A decir del Comandante General del Ejército, se encontró un informe que data de septiembre de la gestión 2025 que fue emitido por la comandancia del Centro General de Mantenimiento de Material Bélico que advertía los riesgos del material almacenado en el regimiento, calificándolo como “una amenaza real y eminente”.
“La acción se sustenta en documentación administrativa vinculada a la destrucción de material pirotécnico y explosivo y en un informe presentado en septiembre de 2025, que advertía sobre el avanzado estado de descomposición del material en depósito. En este informe lo calificaba como una amenaza real y recomendaba su desactivación, incineración y repliegue de estas instalaciones”, informó Alarcón.