El vicepresidente del Estado y presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Edmand Lara, fijó este jueves su posición sobre la aprehensión de Roger Mariaca y Alberto Zeballos, quienes hasta hace pocas horas fungían como fiscal general y del fiscal departamental de Santa Cruz, respectivamente. Pidió que toda actuación sea sometida al control jurisdiccional y que se respete el debido proceso.
A través de un comunicado institucional, Lara sostuvo que «la Constitución y la ley deben cumplirse sin excepciones». Señaló que, ante el impedimento temporal del fiscal general, corresponde respetar la prelación establecida en el artículo 25 de la Ley 260 y garantizar la continuidad institucional del Ministerio Público.
Según el vicepresidente, si existen pruebas, se debe investigar y procesar conforme a ley. En cambio, si no hay elementos suficientes, si se vulneró el debido proceso o si la aprehensión fue ilegal, corresponde la inmediata libertad de los aprehendidos y que se determine la responsabilidad de quienes actuaron al margen de la norma.
Lara añadió que los allanamientos y las aprehensiones deben cumplir estrictamente las formalidades constitucionales y legales. Advirtió que no puede haber actuaciones policiales o fiscales al margen de la autoridad competente ni restricciones a la libertad sin fundamento legal.
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El vicepresidente reconoció que la flagrancia y las demás excepciones previstas por ley deben respetarse, pero aclaró que no pueden utilizarse como excusa para vulnerar derechos.
«Desde la Asamblea Legislativa no vamos a encubrir a nadie, pero tampoco vamos a permitir que se condene o persiga a una persona sin pruebas y sin debido proceso», afirmó.
Lara cerró su pronunciamiento con un mensaje en tres tiempos: «Investigación sí. Corrupción no. Impunidad no. Pero tampoco arbitrariedad». Además, subrayó que la justicia debe actuar con firmeza, pero siempre dentro de la Constitución y las leyes.