El Gobierno, a través del ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, aseveró que las acusaciones de Estados Unidos en contra del fiscal general del Estado, Roger Mariaca, son “demasiado graves para ignorarlos”, por lo que confirmó que se harán las investigaciones correspondientes.
La administración de Donald Trump decidió vetar el ingreso a su país del fiscal boliviano y lo acusa de abusar de su cargo público al solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico, y también de ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia.
Al respecto, Justiniano afirmó que los señalamientos “son graves” y que no pueden ser ignorados, aunque remarcó que cualquier investigación debe desarrollarse mediante los canales correspondientes y respetando el debido proceso.
“Los señalamientos son demasiado graves para ignorarlos, pero también es importante considerar que una medida de esta naturaleza no sustituye a la justicia boliviana. Vamos a pedir más información, vamos a investigar y a actuar como corresponde, en el debido proceso, sin protección política para nadie”, sostuvo en entrevista con Red Uno.
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Justiniano explicó que la información y los elementos probatorios que Estados Unidos pueda proporcionar serán solicitados a través de la Cancillería y, eventualmente, mediante el Parlamento. Señaló que recién después de recibir esos antecedentes se podrán asumir determinaciones dentro del marco legal.
Ayer, Mariaca salió al frente y afirmó que no se dejará intimidar por autoridades nacionales e internacionales. Aseguró que todas las investigaciones seguirán su curso, incluso aquellas que “incomodan” a ciertos círculos de poder e hizo referencia, por ejemplo, al caso de Fernando Cerimedo, el exasesor del presidente Rodrigo Paz, o el caso e la gasolina basura que fue distribuida por el Gobierno.
El Ministro de Defensa, sin embargo, evitó responder a las palabras del Fiscal y aseveró que “todo debe investigarse como corresponde”.
“No existe nada en el documento que se dio a conocer a la luz pública ayer (lunes) por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos. De todas maneras, todo debe investigarse como corresponde. Los temas que mencionó el señor Mariaca están en el ámbito judicial, en el ámbito del Ministerio Público y deben continuar las investigaciones siguiendo el debido proceso”, manifestó.
Finalmente, Justiniano señaló que la decisión del Gobierno de EEUU de restringir el ingreso a más de una decena de funcionarios y exfuncionarios bolivianos profundiza las relaciones entre ambos países en el marco de sus objetivos de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
“Yo creo que más bien se refuerza. Hay un sentido de cooperación muy fuerte. Se está trabajando contra el narcotráfico, velando por que no haya ningún tipo de conducta que afecte la democracia, que se evite la corrupción y se fortalezca la lucha contra el narcotráfico y contra el narcoterrorismo”, señaló.
El Gobierno de Donald Trump informó este lunes que ha revocado las visas de 27 funcionarios y exfuncionarios latinoamericanos, incluyendo al fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca.
Entre los señalados figuran el fiscal general boliviano Roger Mariaca y más de otros 20 autoridades y exautoridades nacionales, 12 de los cuales fueron identificados como titulares actuales de visa y nueve a quienes se les negará la visa si la solicitan. También se ven afectados dos colombianos —un magnate empresarial y un legislador—, junto con dos ecuatorianos y un juez peruano.
Según los documentos, a Mariaca, quien fue elegido para un mandato de seis años en 2024, se le acusa de abusar de su cargo público al solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico, y también de ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia.
“Sus acciones ponen en peligro los esfuerzos del presidente Trump para combatir el narcoterrorismo, al tiempo que socavan las mismas instituciones democráticas que Bolivia, como participante del Escudo, está trabajando para fortalecer”, dice el comunicado.
Los afectados por la decisión norteamericana son de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, todos países gobernados por líderes que mantienen relaciones amistosas con Trump
El Departamento de Estado anunció las revocaciones este lunes y dijo que forman parte del compromiso de Estados Unidos de defender la gobernabilidad democrática en el hemisferio frente a la corrupción y el narcotráfico.
“Esta política restringe las visas para ciudadanos extranjeros —y sus familiares directos— que atentan contra un gobierno democráticamente elegido mediante actividades de corrupción o narcotráfico en nuestra región”, reza el comunicado difundido este lunes.