A través de un comunicado, el vicepresidente del Estado, Edmand Lara, se refirió a la decisión de Estados Unidos de vetar el ingreso a su país de autoridades – a través de la restricción de sus visas- y exautoridades bolivianas, incluido el actual fiscal general, Roger Mariaca, y aseveró que una autoridad no puede ser apartada o condenada “simplemente porque un gobierno extranjero la incluya en una lista”.
“Nuestra posición institucional es clara: no podemos condenar ni apartar a una autoridad boliviana simplemente porque un gobierno extranjero la incluya en una lista. Una lista no es una sentencia y una acusación no sustituye a las pruebas”, señala un comunicado compartido por la Vicepresidencia.
Estados Unidos denunció que Mariaca protegió al narcotráfico y Lara exigió dar a conocer los elementos que existen contra el Fiscal General “y que se investigue conforme a la ley”. “No defendemos personas; defendemos el debido proceso y la institucionalidad”, señaló.
En ese sentido, el Vicepresidente también cuestionó el silencio que existe en torno a los cuatro casos que se investigan en contra del argentino Fernando Cerimedo, exasesor del presidente Rodrigo Paz, incluido por narcotráfico y enriquecimiento ilícito.
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“También corresponde preguntar por qué existe silencio frente al caso de Fernando Cerimedo, que está detenido e investigado en Bolivia por delitos graves”, señala.
Por eso, el Vicepresidente exige que “se investigue a todos, sin privilegios ni excepciones, pero con pruebas y respetando el debido proceso”.
“Bolivia debe actuar conforme a su Constitución y sus leyes, no en función de listas extranjeras”, añadió.
El Gobierno de Donald Trump informó este lunes que ha revocado las visas de 27 funcionarios y exfuncionarios latinoamericanos, incluyendo al fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca.
Entre los señalados figuran el fiscal general boliviano Roger Mariaca y más de otros 20 autoridades y exautoridades nacionales, 12 de los cuales fueron identificados como titulares actuales de visa y nueve a quienes se les negará la visa si la solicitan. También se ven afectados dos colombianos —un magnate empresarial y un legislador—, junto con dos ecuatorianos y un juez peruano.
Según los documentos, a Mariaca, quien fue elegido para un mandato de seis años en 2024, se le acusa de abusar de su cargo público al solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico, y también de ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia.
“Sus acciones ponen en peligro los esfuerzos del presidente Trump para combatir el narcoterrorismo, al tiempo que socavan las mismas instituciones democráticas que Bolivia, como participante del Escudo, está trabajando para fortalecer”, dice el comunicado.
Los afectados por la decisión norteamericana son de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, todos países gobernados por líderes que mantienen relaciones amistosas con Trump
El Departamento de Estado anunció las revocaciones este lunes y dijo que forman parte del compromiso de Estados Unidos de defender la gobernabilidad democrática en el hemisferio frente a la corrupción y el narcotráfico.
“Esta política restringe las visas para ciudadanos extranjeros —y sus familiares directos— que atentan contra un gobierno democráticamente elegido mediante actividades de corrupción o narcotráfico en nuestra región”, reza el comunicado difundido este lunes.