Tras haber sido vetado de ingresar a Estados Unidos y ser acusado por el Gobierno de ese país de facilitar el narcotráfico, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, aseguró que no se dejará intimidar y las diferentes investigaciones que lleva adelante seguirán su curso.
En un pronunciamiento público, Mariaca exigió respeto a la soberanía del país y sus diferentes instituciones
“Bolivia no interviene en las decisiones soberanas de otros estados, pero precisamente porque creemos en la soberanía, la autodeterminación de los pueblos y principios de no injerencia en los asuntos internos de los estados esperamos el mismo respeto a Bolivia, sus instituciones y sus autoridades”, aseveró.
En ese sentido, afirmó que no permitirá que su trabajo como Fiscal General sea “puesto en duda por decisiones provenientes del exterior” y mas cuando, dijo, no se le da la oportunidad de esclarecer los hechos por los que se la acusa.
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“No podemos aceptar que el trabajo que vengo desarrollando como Fiscal General del Estado sea puesto en duda por decisiones provenientes del exterior. No puedo permitir que mi trayectoria y mi imagen sea afectados sin que exista la posibilidad de que los hechos sean esclarecidos en instancias correspondientes y tampoco puedo permitir que mi familia sea arrastrada a una situación que no le corresponde”, señaló.
Afirmó que el Ministerio Público respeta la institucionalidad de países del exterior, pero advirtió que no permitirá la interferencia, el condicionamiento o la afectación del trabajo que viene desarrollando la Fiscalía.
“Sabemos que el trabajo que venimos realizando no ha sido del agrado de determinados sectores políticos, tanto dentro como fuera del país (…) Sabemos que algunas investigaciones tienen implicaciones internacionales”, aseveró.
En ese marco, hizo referencia directa a las investigaciones que se lleva adelante en contra del exasesor del presidente Rodrigo Paz, el argentino Fernando Cerimedo, mismas que, dijo, “han generado preocupación y repercusión en diferentes ámbitos políticos”.
“Ninguna presión nacional o internacional puede convertirse en un impedimento para esclarecer hechos investigados. Cuando existen denuncias de corrupción, nuestra obligación es es investigar, cuando hay elementos de posible enriquecimiento ilícito nuestra obligación es investigar. Este fiscal no esta para acusar anticipadamente a nadie, esta para garantizar que los hechos sean esclarecidos y las decisiones sean adoptadas conforme a Ley”, señaló.
Mariaca, asimismo, también hizo referencia al caso de la gasolina basura y pidió, en ese sentido, que quienes se sientan afectados por las investigaciones dejen que éstas sigan su curso, que las “pruebas hablen” y la justicia determine lo que ocurrió en cada uno de los casos.
“El pueblo tiene derecho a conocer la verdad sobre las denuncias que se han presentado, incluido los hechos denunciados de corrupción relacionados al combustible. Es nuestro trabajo y lo vamos a realizar sin importar quien sea afectado”, afirmó.
Insistió que no permitirá que decisiones externas “sean políticas o de cualquier otra naturaleza” condicione las investigaciones que se llevan adelante en el país.
“La cooperación internacional es bienvenida y necesaria cuando se desarrolla sobre la base del respeto mutuo y el cumplimiento de los mecanismos establecidos por el derecho internacional. Cooperación sí, injerencia no; diálogo sí, imposición no; respeto entre estado sí, interferencia en nuestras instituciones no. No retrocederé ni un cm de las investigaciones que corresponden a mi gestión”, afirmó.
Enfatizó que “continuaremos trabajando en el caso Cerimedo y la investigación sobre el presunto intento de feminicidio; el caso Cerimedo y una posible legitimación de ganancias ilícitas y una posible relación con el narcotráfico”.
Y concluyó asegurando que también se seguirán adelante con las investigaciones del caso narcomaderas, del caso del combustible basura y “todos aquellos casos que se encuentran bajo investigación y deben ser esclarecidos conforme a ley”.
El Gobierno de Donald Trump comunicó su decisión de revocar las visas de 27 funcionarios y exfuncionarios latinoamericanos y sus familiares por acusaciones de corrupción, incluyendo al fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca.
Entre los señalados figuran el fiscal general boliviano Roger Mariaca y más de otros 20 fiscales y jueces bolivianos, 12 de los cuales fueron identificados como titulares actuales de visa y nueve a quienes se les negará la visa si la solicitan. También se ven afectados dos colombianos —un magnate empresarial y un legislador—, junto con dos ecuatorianos y un juez peruano.
Según los documentos, a Mariaca, quien fue elegido para un mandato de seis años en 2024, se le acusa de abusar de su cargo público al solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico, y también de ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia.
“Sus acciones ponen en peligro los esfuerzos del presidente Trump para combatir el narcoterrorismo, al tiempo que socavan las mismas instituciones democráticas que Bolivia, como participante del Escudo, está trabajando para fortalecer”, dice el comunicado.