El Decreto Supremo 5727 se enfoca en la reorganización, disolución o liquidación de empresas públicas por razones económicas y no por decisiones políticas ni ideológicas, explicó el director de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), Pablo Camacho.
“Desafortunadamente no se cumplió la esperanza de un país industrializado. La decisión que se toma no es una decisión ni de orden político ni de orden ideológico es de orden económico”, dijo Camacho este lunes en contacto con RTP.
Explicó que, con este decreto, las autoridades asumen la responsabilidad de precautelar los recursos del Estado, lo cual “no es una labor fácil” por la normativa y el legado de deudas que algunas empresas públicas le dejan al país.
“El Decreto 5727 establece la posibilidad de reorganizar, disolver o liquidar estas empresas”, enfatizó.
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Camacho añadió que el decreto supremo irá avanzando con “un paquete de 10 primeras empresas públicas”, teniendo en cuenta que muchas fueron creadas por decreto y una por la Constitución.
El 15 de julio de este año, el Gobierno informó que al menos 15 empresas estatales acumulan pérdidas por Bs 5.177,1 millones, mientras que 14 compañías públicas mantienen un saldo de Bs 16.273,4 millones por créditos recibidos.
Y el jueves de la semana pasada, el Órgano Ejecutivo declaró prioridad la reorganización, disolución y liquidación de empresas públicas mediante la aprobación del nuevo Decreto Supremo 5727.