Pocas horas después de haber levantado la subvención al diésel, el presidente del Estado, Rodrigo Paz, promulgó la Ley 1765 que aprueba el crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) por 1.900 millones de dólares.
“De conformidad con el numeral 10 del Parágrafo I del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, y en el marco de lo señalado en la Disposición Final Segunda de la Ley Nº 1755 de 30 de julio de 2026, de Modificaciones al Presupuesto General del Estado – Gestión 2026, se aprueba el empréstito con el Fondo Monetario Internacional – FMI, a través de una facilidad de Servicio Ampliado del Fondo – SAF, por un monto de DEG 1.369.000.000.- (Un Mil Trescientos Sesenta y Nueve Millones 00/100 Derechos Especiales de Giro), destinados a respaldar el programa integral de reformas económicas, conforme a las condiciones financieras establecidas en el SAF, descritas en el Anexo que forma parte integrante de la presente Ley, cuya gestión técnica ha sido efectuada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas”, señala el artículo 1 de la Ley, que fue sancionada por la ALP la pasada semana y en menos de 24 horas.
La Ley asimismo, establece que el Ministerio de Economía, a nombre del Gobierno, remitirá a la Asamblea Legislativa Plurinacional, semestralmente, la información sobre la ejecución del crédito, presentando informes.
El levantamiento del diésel, cabe recordar, es uno de los compromisos que asumió el Gobierno con el FMI para poder acceder al crédito.
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Y es que el pasado viernes, Paz promulgó el Decreto Supremo N° 5716, que fija en Bs 17,95 por litro (impuestos incluidos) el nuevo precio final regulado del Diésel Oíl en todo el país. La norma, firmada el 18 de septiembre, representa un salto de casi el 83% respecto al precio de Bs 9,80 que regía desde enero de 2026 para transportistas, particulares y consumidores en general bajo el Decreto Supremo N° 5516.
El decreto también pone fin al esquema de dos precios que el Gobierno había implementado en agosto. Con el Decreto Supremo N° 5676, de mediados de agosto, se había creado una tarifa diferenciada de Bs 18 el litro solo para «grandes consumidores» —empresas e industrias que compran combustible de forma directa y en grandes volúmenes—, mientras el resto de la población seguía pagando Bs 9,80. El nuevo decreto abroga expresamente esa norma y unifica el precio: ahora todos los consumidores, sin distinción, pagarán Bs 17,95 el litro.
El acuerdo con el FMI
El Memorando de Políticas Económicas y Financieras que respalda el acuerdo entre Bolivia y el Fondo Monetario Internacional (FMI) detalla los principales compromisos que asumió el Gobierno para acceder al crédito otorgado por el organismo de hasts 1.900 millones de dólares. Entre los puntos, está el compromiso de poner fin a la subvención de los combustibles en 2027, la consolidación del tipo de cambio flexible y las perspectivas de que la economía toque sus niveles más bajos el 2027 y recién empiece a recuperarse el 2028.
El documento, difundido por el periódico El País, es el compromiso formal que sustenta el desembolso de recursos del organismo. En el texto, el gobierno justifica que heredó “la crisis más grave desde la década de 1980” y traza una hoja de ruta de ajuste fiscal, monetario y estructural para los próximos tres años.
El Presupuesto 2027 eliminará la subvención
Uno de los puntos más delicados del memorando es el futuro de la subvención a los combustibles, que el gobierno califica como uno de los principales factores detrás del “descalabro fiscal heredado”.
Según el documento, el Decreto Supremo 5516 (enero de 2026) había previsto eliminar la subvención durante este año, pero el Ejecutivo decidió postergar esa medida hasta 2027 mediante el DS 5652 (julio de 2026), “debido a unos precios internacionales del petróleo más altos de lo esperado y a la preocupación en torno al impacto social” de aplicar ajustes fuertes y repetidos a los precios internos.
El documento precisa además que, desde agosto de 2026, a través del Decreto 5676, el diésel para la industria, las empresas y los grandes consumidores tiene un precio de referencia de Bs 18 por litro, frente a los Bs 9,80 por litro que sigue pagando el transporte público y los consumidores que usan menos de 5.000 litros mensuales.
El compromiso central, sin embargo, es claro: el presupuesto de 2027 no incluirá subvención a los combustibles, ni del Tesoro ni de las empresas estatales, y que los precios internos alcanzarán «el nivel de recuperación de costos» a partir de enero de ese año. Para amortiguar el golpe social, el gobierno se compromete a fortalecer la protección social focalizada y, de ser necesario, a dar apoyo temporal a los grupos más vulnerables durante la transición.
Como medidas paralelas, se habilita a YPFB y a las refinerías a importar crudo para refinación local (DS 5548) y se refuerza la participación privada en la importación y comercialización de combustibles a precios de mercado (DS 5644), con el objetivo de reducir el costo fiscal y cuasifiscal del suministro.
Tipo de cambio: de la unificación a la flotación «con restricciones»
El segundo eje central del memorando es la modernización del régimen cambiario. El documento confirma que Bolivia ya unificó el tipo de cambio oficial y el de referencia, y que desde finales de junio de 2026 rige un nuevo esquema en el que los bancos son libres de negociar el tipo de cambio para todas sus transacciones de compra y venta de divisas, algo que el propio texto cataloga como «acción previa» al acuerdo con el FMI.
El Banco Central de Bolivia (BCB) mantendrá un rol acotado: las intervenciones cambiarias se regirán por un esquema de «discrecionalidad con restricciones», pensado para actuar solo ante episodios de mercado desordenado, sin que ello implique un objetivo implícito de tipo de cambio. El suministro directo de divisas del BCB a entidades públicas y empresas estatales se mantendrá al tipo oficial, pero bajo límites estrictos.
El gobierno se compromete también a adoptar una metodología de cálculo del tipo de cambio oficial alineada a los estándares de la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO), y a no introducir nuevas restricciones cambiarias, nuevas prácticas de tipos de cambio múltiples ni restricciones a las importaciones por razones de balanza de pagos.
Las metas de PIB, inflación y deuda
En materia de crecimiento, el memorando no oculta que el ajuste tendrá un costo de corto plazo. El Gobierno, en ese sentido, anticipa que la actividad económica seguirá contrayéndose en 2026 y tocará su nivel más bajo en 2027, antes de iniciar una recuperación sostenida hacia 2028, apoyada en mejoras de gobernanza, mayor disponibilidad de crédito y un tipo de cambio determinado por el mercado.
En el frente fiscal, el gobierno se compromete a eliminar el déficit primario del sector público no financiero (SPNF) al cabo de los tres años del programa, lo que implica un ajuste de aproximadamente 8,5% del PIB entre 2026 y 2029. El déficit global deberá bajar hasta 3,5% del PIB en 2029. Para 2026, el presupuesto reformulado limita el déficit a no más de Bs 47.000 millones, equivalentes al 9,3% del PIB.
Sobre la deuda pública, que a fines de 2025 superó el 80% del PIB (90% si se valora al tipo de cambio de mercado), el Gobierno fija como meta reducir el coeficiente de endeudamiento a menos del 90% del PIB para 2029, apoyado en la consolidación fiscal y la reanudación del crecimiento, aunque advierte que en el corto plazo la carga de la deuda externa como proporción del PIB podría subir por la depreciación cambiaria necesaria.
En cuanto a precios, el documento proyecta que la inflación llegará al 14% al cierre de 2026 y se reducirá a un dígito recién en 2028, en un contexto en que el BCB adoptó la base monetaria como su nueva ancla nominal, dejando atrás el uso del tipo de cambio como mecanismo de estabilización de precios.