Un tenso momento se vivió en la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) que definirá si aprueba o rechaza el Estado de Excepción en el país.
Y es que los ministros de Defensa y de Gobierno, Ernesto Justiniano y Marco Antonio Oviedo, respectivamente, acudieron al pleno de la ALP para justificar los motivos para ampliar la medida, además de brindar un informe de los 90 días en los que el país ya está bajo un Estado de Excepción.
Tras su exposición, vino el turno de las preguntas y en esa atapa la diputada de Libre, Lissa Claros, no dudó en calificar al Gobierno de “tibio” y “pusilánime” y calificó su gestión como un “fracaso”, exigiendo conocer si en caso de que se extienda el Estado de Excepción se cumplirá con la orden de aprehensión en contra del expresidente Evo Morales.
Los calificativos, de Claros y otros legisladores, generó el enojo del Ministro de Gobierno, quien pidió al presidente de la ALP y Vicepresidente del Estado “poner orden” a la sesión y no permitir que “se ofenda antes de preguntar”.
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La respuesta de Lara no se dejó esperar y el Vicepresidente del Estado le recordó al Ministro que es una autoridad electa y Presidente de la Asamblea.
“Su complejo de dictador guárdeselo”, le exigió Lara,
Además, Lara le señaló a Oviedo que tiene la obligación de responder todas las preguntas de los asambleístas, así le tome “toda la noche”.
La sesión de la Asamblea, al momento de publicarse esta nota, ya llevaba más de 3 horas y seguía en la etapa de preguntas a los ministros. Luego pasará a la etapa de intervenciones de los legisladores para después ir a la votación.
El Estado de Excepción está vigente en Bolivia desde el 20 junio pasado – tras la promulgación de la Ley 1740 que regula ese tipo de medidas y la emisión del Decreto 5636- e inicialmente tenía una vigencia de 90 días; sin embargo, el Decreto 5707 establece su ampliación por otros tres meses a partir del vencimiento del primer plazo.
El Decreto 5707, en ese sentido, dispone su remisión a la Asamblea Legislativa para la autorización prevista en el artículo 10.II de la Ley 1740 y, mientras tanto, mantiene vigentes las medidas del D.S. 5636 invocando el artículo 13 de la misma norma.
En ese sentido, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, señaló que la ALP tendría 72 horas para tratar el Decreto. De rechazarlo, dijo, se levantaría el Estado de Excepción en el país, pero en caso de no tratarlo pasaría a ser objeto de un análisis constitucional para su aplicación.