Los ministros de Defensa y de Gobierno, Ernesto Justiniano y Marco Antonio Oviedo, respectivamente, acudieron al pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para justificar y pedir el respaldo al Decreto 5707 que amplía el Estado de Excepción durante 90 días.
Los ministros expusieron los motivos que llevaron a tomar la decisión de ampliar la medida, al señalar que aún persiste un riesgo inminente de que las protestas se articulen y se repita el escenario vivido entre mayo y junio de este año.
“Se advierte una eventual reactivación y rearticulación de bloqueos, marchas y manifestación con afectación de corredores estratégicos”, aseveró el Ministro de Gobierno.
En ese sentido, el Ministro de Defensa expuso que existe diferentes niveles de riesgo de bloqueos en los nueve departamentos del país.
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Por ejemplo, identificó como una región de muy alto riesgo a Santa Cruz y de alto riesgo a La Paz, El Alto y Cochabamba:
Asimismo, expuso seis aspectos que la Asamblea debe considerar al momento de debatir si se aprueba o no la ampliación del Estado de Excepción:
No obstante, ambos ministros también coincidieron en señalar que aún con el Estado de Excepción vigente no están en condiciones de asegurar y garantizar que no se presentarán bloqueos.
Especificaron que la medida permitirá que el Gobierno esté mejor preparado para intervenir los puntos de bloqueo e impedir que haya situaciones y afectaciones como los ocurridos en los 53 días de conflicto que se vivió a mediados de año.
“No podemos garantizar que no habrá bloqueo. Sí garantizamos que el Estado tendrá mejores condiciones para prevenirlo, focalizarlo y evitar que vuelve a paralizar el país (…) Vamos a estar mejor preparados para afrontar los bloqueos que puedan afectar el país”, aseveró.
En esa misma línea, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó que “cuando se trata de la actividad humana es difícil” por lo que no se puede garantizar la “desarticulización de cercos y manifestaciones violentas”.
“Haremos los mejores esfuerzos para que el país viva en paz, que los ciudadanos se sientan seguros, no haya víctimas atribuibles a las fuerzas de seguridad y que los bolivianos podamos superar. Vamos a operar, priorizar el diálogo pero actuaremos con apego a la Ley para reprimir la violencia organizada que se ha vivido”, aseveró.
El Estado de Excepción está vigente en Bolivia desde el 20 junio pasado – tras la promulgación de la Ley 1740 que regula ese tipo de medidas y la emisión del Decreto 5636- e inicialmente tenía una vigencia de 90 días; sin embargo, el Decreto 5707 establece su ampliación por otros tres meses a partir del vencimiento del primer plazo.
El Decreto 5707, en ese sentido, dispone su remisión a la Asamblea Legislativa para la autorización prevista en el artículo 10.II de la Ley 1740 y, mientras tanto, mantiene vigentes las medidas del D.S. 5636 invocando el artículo 13 de la misma norma.
En ese sentido, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, señaló que la ALP tendría 72 horas para tratar el Decreto. De rechazarlo, dijo, se levantaría el Estado de Excepción en el país, pero en caso de no tratarlo pasaría a ser objeto de un análisis constitucional para su aplicación.