La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) emitió un pronunciamiento para rechazar el Decreto 5707 que amplía por 90 días el Estado de Excepción en el país.
“Esta medida, lejos de resolver los graves problemas que atraviesa Bolivia, profundiza la criminalización de la protesta social y consolida un régimen de excepción permanente contra el pueblo”, señala la CSUTCB en su pronunciamiento.
La CSUTCB, en ese sentido, denunció que el Gobierno utiliza el Estado de Excepción como “herramienta de persecución política” y la medida le ha servido “para reprimir las legítimas demandas del movimiento indígena originario campesino, criminalizar a nuestros dirigentes y perseguir a nuestros hermanos”.
“El gobierno no necesita más días de excepción para «preservar el orden»; necesita abrogar sus políticas neoliberales que han sumido al pueblo en la miseria”, señala.
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En ese sentido, la Confederación exigió la “inmediata abrogación” del Decreto Supremo 5707 y “el cese de toda medida que restrinja los derechos constitucionales de los bolivianos”.
“El Estado de Excepción no puede convertirse en un instrumento permanente de control social. La Constitución Política del Estado establece claramente que las medidas excepcionales son temporales y no pueden suspender los derechos fundamentales. Sin embargo, este gobierno pretende gobernar mediante decretos, evitando el debate democrático y la deliberación pública”, señala.
La CSUTCB, finalmente, advirtió que la ampliación del Estado de Excepción “no detendrá las justas demandas de nuestro pueblo”.
“La crisis económica, el desabastecimiento de combustibles, el incremento de los precios de la canasta familiar y la corrupción gubernamental son problemas reales que no se resuelven con decretos represivos. El gobierno de Rodrigo Paz está gobernando para los ricos, no para los pobres”, concluyó la Confederación Sindical Única De Trabajadores Campesinos de Bolivia.
El Estado de Excepción está vigente en Bolivia desde el 20 junio pasado – tras la promulgación de la Ley 1740 que regula ese tipo de medidas y la emisión del Decreto 5636- e inicialmente tenía una vigencia de 90 días; sin embargo, el Decreto 5707 establece su ampliación por otros tres meses a partir del vencimiento del primer plazo.
El Decreto 5707, en ese sentido, dispone su remisión a la Asamblea Legislativa para la autorización prevista en el artículo 10.II de la Ley 1740 y, mientras tanto, mantiene vigentes las medidas del D.S. 5636 invocando el artículo 13 de la misma norma.
En ese sentido, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, señaló que la ALP tendría 72 horas para tratar el Decreto. De rechazarlo, dijo, se levantaría el Estado de Excepción en el país, pero en caso de no tratarlo pasaría a ser objeto de un análisis constitucional para su aplicación.