La Organización de los Estados Americanos (OEA) hizo público el informe de la Misión de Alto Nivel que visitó La Paz y Santa Cruz de la Sierra el 29 y 30 de julio.
En el documento, el organismo apoya la gestión del Gobierno de Rodrigo Paz frente a los 53 días de bloqueos de mayo y junio, y formula una serie de recomendaciones orientadas a fortalecer el diálogo, evitar que se repita la conflictividad social y reactivar la economía del país.
La misión
La delegación estuvo integrada por representantes de Argentina, Canadá, Chile, Estados Unidos, Panamá, Perú y Uruguay, además del propio secretario general de la OEA, Albert Ramdin. Fue Panamá el país que impulsó la iniciativa: su presidente pidió a Ramdin organizar la misión de cancilleres tras expresar su respaldo al Gobierno boliviano y al estado de excepción decretado por Paz.
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En Bolivia, la comitiva sostuvo cuatro mesas de diálogo: una con autoridades de los órganos Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y tres más —sin presencia del Gobierno nacional— con organizaciones indígenas, sindicales, empresariales y de la sociedad civil en La Paz y Santa Cruz.
Según el informe, la Defensoría del Pueblo reportó a la delegación un saldo de 22 personas fallecidas durante el conflicto —19 de ellas ajenas a las movilizaciones— además de 255 personas procesadas y unas 40 sentencias por procedimiento abreviado. Las autoridades del Órgano Ejecutivo, por su parte, remarcaron ante la Misión que no se registraron muertes atribuibles a la Policía ni a las Fuerzas Armadas durante el estado de excepción.
Representantes de cámaras empresariales de Santa Cruz expusieron pérdidas de liquidez, cierre de empresas y afectación al empleo formal e informal, mientras que el sector turístico —especialmente en La Paz y El Alto— reportó una de las caídas más severas. Asociaciones de periodistas denunciaron agresiones físicas y verbales durante las movilizaciones y reclamaron, una vez más, una ley de acceso a la información pública que llevan pidiendo hace más de dos décadas.
Organizaciones de la sociedad civil advirtieron además sobre un aumento de discursos discriminatorios y campañas de desinformación en redes sociales durante el período de bloqueos, incluido el uso de imágenes generadas con inteligencia artificial.
Las conclusiones: respaldo al mandato democrático y «pesar» por las vidas perdidas
Entre sus ocho conclusiones, la Misión sostiene que el mandato surgido de las elecciones bolivianas «debe respetarse en su totalidad» y que las demandas sociales o económicas, por legítimas que sean, no pueden justificar la violencia, los bloqueos prolongados ni los intentos de forzar la salida del presidente por vías ajenas a la Constitución.
El organismo valoró que el Estado haya gestionado la crisis «sin recurrir a un uso desproporcionado de la fuerza pública», un punto que —según el informe— coincidió tanto en el discurso de autoridades como en el de representantes del sector privado. La Misión vinculó ese resultado con los estándares fijados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que exige que el uso de la fuerza estatal frente a manifestaciones sea legal, necesario y proporcional, y de último recurso.
Al mismo tiempo, la delegación expresó su «profundo pesar» por las muertes ocurridas durante el conflicto y llamó a sostener «el más amplio proceso de diálogo posible» para consensuar las reformas institucionales que el país necesita, con especial atención a la diversidad étnica y a la participación de los pueblos indígenas.
El informe también advierte que la inestabilidad institucional puede abrir espacio al crimen organizado, con eventuales repercusiones para la seguridad regional, y subraya que la reactivación económica es una prioridad compartida por todos los sectores consultados.
Las nueve recomendaciones a Bolivia
La Misión de Alto Nivel formuló al Estado boliviano y a la sociedad en su conjunto una lista de nueve recomendaciones:
- Construir un amplio acuerdo de respaldo a los mandatos democráticos y al orden constitucional.
- Instituir un mecanismo permanente y plural de diálogo entre el Estado y los sectores sociales, indígenas, sindicales y empresariales.
- Desarrollar, a partir de ese diálogo, un marco que prevenga tempranamente los conflictos sociales sin vulnerar el derecho a la protesta.
- Garantizar la participación efectiva de organizaciones indígenas y campesinas en la elaboración de normas que las afecten.
- Proteger la protesta pacífica y, a la vez, los derechos de terceros a la vida, la salud y la libre circulación, con corredores humanitarios para futuros episodios de conflicto.
- Adoptar medidas para la reactivación económica y un marco normativo que atraiga inversiones.
- Fortalecer las garantías para el periodismo, incluida una ley de acceso a la información pública elaborada con la sociedad civil.
- Continuar las investigaciones sobre los hechos de violencia, con respeto al debido proceso.
- Reforzar las capacidades de la Defensoría del Pueblo en mediación y gestión de conflictos, y explorar una reforma que dé más transparencia al sistema de justicia.
La OEA solicitó además a su Secretaría General que, a pedido del Estado boliviano, continúe brindando apoyo técnico y acompañamiento para la implementación de estas recomendaciones.
Mira el informe completo: