El TSE estima que referéndum para la reforma parcial de la CPE demandaría alrededor de Bs 200 millones

El Tribunal Supremo Electoral (TSE), a través de su vocal Carlos Alberto Goitia, señaló que la realización de un referéndum para la reforma parcial de la Constitución Política del Estado (CPE) demandaría entre 180 y 200 millones de bolivianos.

Goitia señaló que la cifra está estimada tomando como base lo que costaron las elecciones subnacionales y que, por ejemplo, la elección judicial demandó aproximadamente Bs 170 millones.

En contacto con Radio Fides, el Vocal explicó, además, que, de avanzar una reforma, al tiempo que demande la Asamblea Legislativa para aprobar la ley se sumarían aproximadamente 45 días de revisión constitucional y 120 días de organización electoral, aunque el plazo legislativo no tiene una duración fija.

Las palabras del Vocal del TSE llegan después de que la bancada de la Alianza Libre presentara un Proyecto de Ley para reformar parcialmente la Constitución.

Advertisement:

Semanas atrás, de hecho, el expresidente, otrora candidato a la presidencia – que perdió en segunda vuelta con Rodrigo Paz en el balotaje del 2025- y actual jefe de la Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga, explicó que su plan de reforma constitucional está basado en cinco componentes.

En su exposición, primero, Quiroga señaló que hay dos formas de cambiar la Constitución. Primero, dijo, está la opción de hacer una reforma total; sin embargo, para eso se necesitaría una Asamblea Constituyente y advirtió que el país no tiene tiempo para completar ese paso.

Por eso, señaló que la reforma parcial requiere que las modificaciones sean aprobadas por 2/3 de la Asamblea Legislativa y luego ser sometidas al voto popular mediante un referéndum. Eso sí, especificó que la propia Constitución marca que sus primeros 144 artículos solo podrán ser modificados a través de la reforma total.

En ese sentido, Quiroga afirmó que su plan para reformar la constitución está basado en cinco componentes.

El primero tiene que ver con la apertura económica como una medida para salvar la economía boliviana. “El modelo consignado actualmente es estatista y tiene cláusulas que son prohibitivas para atraer inversión”, sostuvo.

“Buenas leyes con estatismo constitucional y con arbitraje internacional, si no se hace eso es cuento que vamos a salvar los sectores de hidrocarburos”, añadió.

El segundo eje de su plan tiene que ver “con realizar una reforma a la justicia para terminar con la impunidad”, además de modificar el funcionamiento del sistema judicial.

El tercer componente está referido a reducir la corrupción empoderando a la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Tuto, en ese punto, especificó que no plantea que Bolivia pase a un sistema parlamentario, pero si dar mayor poder a la ALP para fortalecer la fiscalización y reducir la corrupción.

Los dos últimos ejes del plan de Quiroga están referidos a fortalecer la autonomía para acabar con el centralismo y finalmente plantea la digitalización del Estado.

“Si no cambiamos Bolivia va a colapsar y el cambio es la reforma a la Constitución”, afirmó Quiroga. Eso sí, especificó que el tratamiento de su propuesta recién podrá empezar el 20 de septiembre, debido a que no puede debatirse una reforma constitucional mientras el Estado de Excepción esté vigente.

Empero, en respuesta, el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, señaló que la propuesta se podrá debatir “en 5 a 10 años” una vez cumpla las condiciones necesarias para su aplicación.

En conferencia de prensa, Aramayo aseveró que Tuto tiene el derecho de presentar su propuesta y deberá hacerlo por el conducto regular; sin embargo, enfatizó que Bolivia necesita “respuestas a corto plazo” y señaló que si la idea de Libre es reformar la CPE se deberá esperar a las condiciones.

En ese sentido, el Ministro aseveró que el proceso puede demorar de 5 a 10 años solo para empezar a discutir la propuesta.

“De pronto si la Ley que ha planteado depende de una reforma a la Constitución, habrá que esperar las condiciones, que es generar una Ley de necesidad de reforma, que la apruebe la Asamblea, que corra el curso normativo legislativo real y ahí veremos en unos 5 a 10 años cómo vamos a discutir esa propuesta condicionada a una reforma a la Constitución”, señaló Aramayo.

Compartir