Carlos Sánchez Berzaín, el exministro de Defensa durante el último Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003), advirtió este lunes que acudirá a instancias internacionales, hasta llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), si es que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) revierte la decisión de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba que le concedió su acción de libertad y anuló el juicio en su contra por los hechos de ‘octubre negro’ del 2003.
Entrevistado por Correo del Sur, Sánchez Berzaín expresó sus dudas respecto al actuar del TCP, al que calificó como un “órgano de la dictadura”, en referencia a que los magistrados fueron elegidos durante los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS).
“Es un órgano de la dictadura. Tiene dos opciones, mejorar y confirmar lo que ha hecho la Sala Constitucional de Cochabamba o tiene la opción de seguir el mandato de la gente que los ha puesto y revocar aquello”, señaló.
Advirtió, en ese sentido, que si el TCP revierte la decisión de la Sala Constitucional se le abre la posibilidad de acudir a la jurisdicción internacional y aseguró llegará hasta la Corte IDH para demandar al Estado boliviano.
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Para el exministro, la decisión de la Sala de anular el juicio por los hechos de octubre de 2003 es una “oportunidad” para que la justicia boliviana se “reivindique al menos en parte”.
“Espero que el TCP esté a la altura para mejorar esa resolución o al menos conservarla, sino todos van a ir demandados”, aseveró y afirmó que aunque se demora “uno o dos años” ganará esos juicios internacionales.
El pasado viernes, la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba concedió la tutela constitucional solicitada a favor de los exministros del Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, José Carlos Sánchez Berzaín y Mirtha Patricia Quevedo Acalinovic, mediante la Resolución Constitucional N.° AL-007/2026 de 12 de agosto de 2026, por los hechos luctuosos de octubre de 2003.
La acción fue interpuesta por Patricia Cleonereida Guevara Espada, en representación sin mandato, contra magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. La resolución declara parcialmente nulo y sin efecto, respecto a ambos accionantes, el Auto de Apertura de Juicio Oral de 25 de marzo de 2009, el Auto Supremo de 18 de mayo de 2009 que declaró su rebeldía, y todas las medidas restrictivas derivadas del proceso penal de juicio de responsabilidades por los hechos de octubre de 2003, incluyendo mandamientos de aprehensión y alertas de INTERPOL.
El tribunal fundamentó su decisión en la vulneración del debido proceso en sus componentes de fundamentación, motivación, derecho a la defensa y juez natural. Consideró también la condición de adultos mayores y refugiados de los accionantes como factor que habilita la abstracción de la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, conforme a la línea jurisprudencial establecida por el Tribunal Constitucional Plurinacional.
Se trata de la tercera resolución favorable en casos análogos dentro del mismo juicio de responsabilidades: precedentes similares fueron concedidos a favor de los ex ministros Guido Áñez Moscoso y Javier Torres Goitia Caballero por tribunales de Santa Cruz.
La resolución ordena la notificación al Ministerio de Gobierno, al Ministerio de Relaciones Exteriores y a las oficinas de INTERPOL. En cumplimiento a la Constitución, el caso fue elevado en revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional.
Cabe recordar que un total de 67 a 68 personas perdieron la vida específicamente durante las protestas y la represión militar del mes de octubre de 2003, que derivó en la renuncia y posterior exilio del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003).
Organismos de derechos humanos señalan que la cifra real se elevó a más de 70 u 80 muertos en los meses siguientes debido a personas que no lograron sobrevivir a las secuelas de sus heridas graves. Además, el conflicto dejó un saldo de más de 400 heridos, muchos de ellos con discapacidades severas y permanentes
Sánchez Berzain también salió al exilio la noche del 17 de octubre de 2003 con el presidente Sánchez de Lozada y recibió asilo político en Estados Unidos.
El exministro de Defensa ha sostenido que el juicio de responsabilidades se trata de una acción de persecución política judicializada en el marco de “la traición de Carlos Mesa para la toma del poder por Evo Morales”, a quien acusa de haber encabezado el derrocamiento y cometido crímenes para cesar el mandato constitucional del presidente Sánchez de Lozada.