La Comisión Legislativa que investigó el caso de la gasolina basura o desestabilizada concluyó su informe y lo presentó a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
Según la información, son más de 1.600 páginas presentadas y que identifica a los principales responsables del caso que dañó a miles de automóviles en el país.
El diputado de Unidad, Pablo Ernesto Ávila, informó que el documento aún debe ser expuesto y aprobado por el pleno camaral antes de ser remitido al Ministerio Público para que se asuman las acciones correspondientes.
En ese sentido, el diputado Carlos Alarcón dijo que el informe señala como posibles responsables al expresidente Luis Arce Catacora y los exministros Alejandro Gallardo y Mauricio Medinaceli -este último de la gestión de Paz- por la emisión de los Decretos Supremos 5218 y 5313 y por la creación de un marco jurídico favorable para la internación de carburantes sin controles de calidad.
Asimismo, reveló que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) había ordenado el precintado de cinco tanques por presunta gasolina desestabilizada. Sin embargo, el Ministerio de Hidrocarburos, con la Resolución Ministerial N° 041/2026 del 3 de marzo de 2026, autorizó el desprecintado para garantizar el abastecimiento en el mercado interno.
La comisión también apunta en contra de los expresidentes de YPFB, Armin Dorgathen (gestión de Luis Arce) y Yussef Akly (Gobierno de Rodrigo Paz) por supuestamente haber introducido al país lotes de combustible base sin las especificaciones completas de estabilidad química, amparándose en resoluciones de excepción por “urgencia”.
“La ANH también informó a la Comisión que YPFB observó los certificados de calidad – Diésel emitidos en octubre, noviembre y diciembre de 2025, por Intertek y Amspec, porque estas certificaciones, según el certificado observado, no presentaron datos de punto de escurrimiento, residuo carbonoso y agua y sedimentos”, remarcó Alarcón.
Respecto a los contratos de YPFB con Trafigura de las gestiones 2025 y 2026, “la Comisión señala que llama la atención la fluctuación del valor del premio de cada contrato, denotando una presunta inflación de los precios, mismos que deben investigarse por la autoridad competente”.
Mientras que con relación a las compras de crudo, gasolina y diésel por YPFB el informe concluye, como hallazgo preliminar, la “existencia de una fluctuación en los montos por conceptos de “PREMIO” dentro de los contratos suscritos entre YPFB y empresas transnacionales”.
El diputado señaló que, de acuerdo con la investigación, los problemas comenzaron en 2022, cuando mediante decretos supremos se habrían flexibilizado las exigencias de calidad para la gasolina importada.
// Oxígeno con información de La Razón