En el marco del nuevo Decreto Supremo (DS) 5644, los surtidores proyectan comercializar diésel o gasolina importados por privados desde el 6 de agosto próximo, afirmó este jueves la gerente de la Asociación de Surtidores (Asosur) de Santa Cruz, Susy Dorado.
En entrevista con Unitel, Dorado explicó que, luego de la aprobación de ese decreto, ahora este sector espera la reglamentación para alistar los requisitos, presentarlos y comenzar la importación teniendo en cuenta que solo en Santa Cruz hay 55 estaciones de servicio interesadas.
En caso de que esta reglamentación sea aprobada hasta el 22 de julio “nosotros al día siguiente, entreguemos toda la documentación que solicita la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), el 6 de agosto ya empezaríamos con el nuevo producto para todos los clientes”, dijo.
Indicó que el DS 5644 significa una posibilidad para que la gente ya no vaya a un solo surtidor a hacer colas interminables por combustibles; es decir, que cuando Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) no pueda cubrir la demanda se cuente con el carburante importado por privados al alcance de todos los ciudadanos.
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“El decreto que hay ahora lo celebramos y creemos que es una de las mejores cosas que ha hecho este Gobierno para nuestro sector, porque nos ha considerado como los únicos habilitados para poder comercializar simultáneamente el producto de YPFB y el producto importado por privados”, dijo.
Añadió que son bastantes surtidores a escala nacional que podrán comercializar el combustible importado por privados.
Con el fin de fortalecer el abastecimiento del mercado interno, el Gobierno aprobó el DS 5644, que autoriza de manera excepcional a las entidades públicas o privadas a importar derivados del petróleo para la comercialización o consumo propio.
El Gobierno de Rodrigo Paz promulgó el Decreto Supremo 5644, norma de carácter excepcional que autoriza a personas naturales, empresas privadas y entidades públicas a importar y comercializar diésel, gasolinas y otros derivados del petróleo, con el objetivo de reforzar el abastecimiento interno y enfrentar la crisis de combustibles que afectó al país durante los últimos meses.
La medida, según el documento, fue adoptada en el marco de la emergencia energética y social declarada mediante el Decreto Supremo 5517 y busca ampliar la participación de nuevos actores en la cadena de suministro de carburantes, manteniendo el control estatal sobre el combustible subvencionado.
La norma establece que los combustibles importados desde el exterior no formarán parte del patrimonio del Estado, permitiendo su comercialización bajo condiciones específicas.
Asimismo, faculta a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a importar carburantes y no carburantes para su comercialización en el mercado interno a precios fijos estabilizados. Las ventas se realizarán a usuarios registrados ante la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).