Para hablar de Autonomías Indígenas en Bolivia, necesariamente debemos remitirnos a las bases constitucionales que las configuran, dado que fue uno de los temas ineludibles que tuvo que abordar la Asamblea Constituyente boliviana.

Es así que el régimen autonómico indígena originario campesino, dentro de la nueva organización territorial en Bolivia, se regula de conformidad a las disposiciones establecidas en los Artículos 2, 30, 289 a 296 y 303 al 304 de la Constitución Política del Estado, así como las normas de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización; ello, en el entendido de que la autonomía implica básicamente “la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, la administración de sus recursos económicos, y el ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por sus órganos del gobierno autónomo en el ámbito de su jurisdicción y competencias y atribuciones” (artículo 272 constitucional).

A nivel constitucional se ha definido que la Autonomía Indígena Originaria Campesina (AIOC), “consiste en el autogobierno como ejercicio de la libre determinación de las naciones y los pueblos indígena originario campesinos, cuya población comparte territorio, cultura, historia, lenguas, y organización o instituciones jurídicas, políticas, sociales y económicas propias” (artículo 289 constitucional); a cuyo efecto, la conformación de la autonomía indígena originario campesina “se basa en los territorios ancestrales, actualmente habitados por esos pueblos y naciones, y en la voluntad de su población, expresada en consulta, de acuerdo a la Constitución y la ley” (artículo 290 parágrafo I constitucional). Asimismo, no debe dejar de tenerse en cuenta que el autogobierno de las autonomías indígenas originario campesinas “se ejercerá de acuerdo a sus normas, instituciones, autoridades y procedimientos, conforme a sus atribuciones y competencias, en armonía con la Constitución y la ley” (artículo 290 parágrafo II constitucional).

Ahora bien, después de más de seis años de vigencia de la Constitución ¿cuál es el estado actual en que se encuentran las autonomías indígenas en Bolivia? Es una de las varias interrogantes que viene a responder la reciente publicación denominada: “La Larga Marcha. El proceso de autonomías indígenas en Bolivia”, coordinada eficazmente por José Luis Exeni Rodriguez, cuyo nombre ha causado muchas repercusiones en las últimas semanas (entre los aspirantes al TSE), empero, ello no afecta la solvencia de su calidad académica, que está fuera de toda discusión, al menos cuando se trata de analizar la realidad boliviana y, en este caso, el estado de las autonomías.

Así por ejemplo, el coordinador nos dice que en el horizonte del Estado Plurinacional se sitúan las Autonomías Indígena Originario Campesinas (AIOC), una categoría compuesta que sería el resultado de una especie de transacción en la Asamblea Constituyente con el propósito de incluir, en igual jerarquía, a: los pueblos indígenas de tierras bajas, a las naciones y pueblos originarios de tierras altas, y a las comunidades campesinas. En todo caso, estos pueblos se hallan reconocidos en el artículo 2º constitucional, y cuando se materializan como autonomías indígenas, indudablemente se convierten en el impulso principal del proceso postconstituyente en Bolivia, siendo que once municipios y un territorio indígena transitan por ese camino.

No obstante, el coordinador advierte que el proceso estatuyente de estas autonomías indígenas, se encontraría en riesgo de bloqueo y postergación, debido que en las últimas elecciones, en lugar de elegir autoridades propias, se eligieron alcaldes y concejales “provisionales” en los municipios y territorios que aspiran a convertirse en AIOC. No obstante, se prevé un fuerte impulso de estas autonomías, a través del referendo aprobatorio de sus estatutos que fue convocado para el 20 de septiembre del presente año.

En cuanto a su estado actual, en los casos de Totora Marka, Charagua, Mojocoya, Huacaya, Uru Chipaya y Raqaypampa, estos ya cuentan con declaraciones constitucionales acerca de la conformidad de sus estatutos con el texto constitucional, encontrándose a la espera de que el TSE viabilice la consulta (en cuanto el mismo quede reconstituido). Por otro lado, las autonomías indígenas de Pampaaullagas y Tarabuco, deben superar sus diferencias internas para luego encaminarse en el test de constitucionalidad de sus estatutos; sin embargo, las otras AIOC (Jesús de Machaca, Charazani, Chayanta y Salinas de Garci Mendoza) se encuentran rezagadas en disputas internas, lo que impide el avance de sus procesos estatuyentes. Por tanto, el avance de las autonomías hasta ahora, no ha sido uniforme, dado que si bien algunas se encuentran próximas a lograr su propio autogobierno, sin embargo existe el riesgo de que las demás se queden a medio camino como testimonio de aquello que no pudo ser.

Estos y otros datos, son los que se desarrollan y estudian con buen detalle, en esta nueva publicación que es producto de una amplia investigación realizada en equipo (bajo la dirección de Exeni, y con la colaboración de los investigadores: Paulino Guarachi, Marta Loredo y Wilfredo Plata), con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburg, que de un tiempo a esta parte, se ha ocupado loablemente de impulsar publicaciones que nos ayudan a analizar desde distintas perspectivas, las incidencias, aristas y tensiones irresueltas de la nueva configuración del Estado Plurinacional en nuestro país.

Para este libro, también se ha contado con el apoyo del Proyecto ALICE dirigido por el maestro Boaventura de Sousa Santos (Centro de Estudios Sociales, Universidad de Coímbra, Portugal), utilizándose una metodología muy particular: preguntar (entrevistas en profundidad con “informantes clave”), observar (observación participante en las comunidades) y analizar (normas, documentos y textos de referencia).

Lo que me parece rescatable en esta publicación, es que incluye tres estudios de caso sobre el avance de las autonomías indígenas:

1) Totora Marka (comunidades aymaras de tierras altas, con organización territorial y de autoridad basada en el ayllu - Oruro);

2) Mojocoya (comunidades quechuas de los valles, con organización asentada en el sindicato campesino - Chuquisaca); y,

3) Charagua (comunidades guaraníes de tierras bajas, con organización sustentada en capitanías/asambleas zonales – Santa Cruz).

Otro aspecto interesante del texto, es la indagación realizada acerca de cómo perfilar una futura gestión pública (intercultural) y territorial del gobierno indígena originario campesino, para lograr diferenciarse de la gestión municipal que pervive en algunos territorios.

Por tanto, el contenido de la publicación, tiene un fuerte matiz intercultural, lo que refleja la composición plural de nuestras sociedades y nuestros pueblos indígenas que, si bien se encuentran reconocidos constitucionalmente, necesitan seguir transitando hacia su plena consolidación como AIOC, siempre en el marco de la unidad del Estado.

En definitiva, se trata de una interesante publicación muy analítica y exhaustiva acerca del proceso evolutivo en que se encuentran las autonomías indígenas en Bolivia, como sustancia del Estado Plurinacional que se ha concebido en la Asamblea Constituyente; una meta que se puede alcanzar únicamente con trabajo conjunto en tierra comunitaria (jayma).