La Paz, 5 de septiembre (Oxígeno).- La viceministra de Igualdad de Oportunidades, Karina Marconi, sugirió, este viernes, que los candidatos o servidores públicos que mantienen denuncias y procesos por violencia contra la mujer deben declinar sus postulaciones por ética. Explicó que la Ley 348 viabiliza la inhabilitación de la participación de los candidatos o servidores públicos que tengan sentencia ejecutoriada por delitos de violencia.

“Tienen que renunciar, (los candidatos) esa es una postura más ética, pero para nosotros no es algo que vaya a parar o frenar la investigación, consideramos que se debe investigar hasta llegar a una conclusión, hasta esclarecer si realmente hubieron esos hechos de violencia o no”, sostuvo.

La autoridad realizó la propuesta en alusión al último caso suscitado sobre el supuesto acto de violencia de Jaime Navarro contra su expareja, develado en un audio en el que el candidato a la Presidencia, Samuel Doria Medina, estaría interviniendo con amenazas contra la mujer para que pare con las denuncias.

Marconi indicó que las personas involucradas en una denuncia, en la que también tienen indicios de actos de violencia, deben ser investigadas hasta que el caso se esclarezca. 

“Ya tenemos un indicio con este audio, eso es suficiente para solicitar que el Ministerio Público investigue de oficio, hasta esclarecer la verdad de los hechos”, mencionó.

Resaltó que “el espíritu de la Ley 348 es que los candidatos o servidores públicos  que han cometido un hecho de violencia que fueron comprobados y son sancionados, son personas con antecedentes que no pueden ser habilitados”.

Jaime Navarro renunció esta semana a la candidatura por una diputación por Unidad Demócrata (UD) ante la presión pública y el descontento de algunos líderes de su fuerza política.

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