No siempre una buena intención garantiza un buen resultado, a veces pasa lo contrario. Cuántas veces queriendo hacer el bien, se toma a mal un comentario: dígale a una persona que tiene mal aliento y si no está preparada para una sana crítica, reaccionará mal; cuántas veces por ayudar Ud. a alguien le prestará dinero para que salga de un aprieto pero, al no poder devolverlo, hasta su amistad le quitará. ¿Es o no es así?

Al igual que con las relaciones humanas, en el campo económico ocurren cosas similares: no siempre una buena intención da un buen resultado, ni un consejo de buena fe cae bien cuando no se está preparado para recibirlo.

El tema del segundo aguinaldo ha vuelto a ser motivo de controversia en Bolivia durante las últimas semanas y -por boca del empresariado nacional- no, porque no lo quieran pagar sino, más bien, porque no todos podrán hacerlo.

La buena intención viene de la mano del D.S. 1802 del 20/NOV/2013 que estableció la obligatoriedad de dar un segundo aguinaldo llamado “Esfuerzo por Bolivia” a los servidores públicos y a los trabajadores del sector privado cada vez que el Producto Interno Bruto del país crezca por encima del 4,5% entendiéndose que aquellos contribuyen a lograr esto.

La norma se fundamenta en la función que tiene el actual Estado Plurinacional, de “promover políticas de distribución equitativa de la riqueza y de los recursos económicos del país, con el objeto de evitar la desigualdad, la exclusión social y económica, y erradicar la pobreza en sus múltiples dimensiones” a través de la implementación de un Nuevo Modelo Económico que está orientado a “mejorar la calidad de vida y el Vivir Bien de la población boliviana”.

Más allá de que un segundo aguinaldo no resolverá un problema estructural de pobreza, solo un perverso se podría oponer a que la calidad de vida de nuestros trabajadores y sus familias mejore. Sin embargo, la cuestión de fondo no es la buena intención sino la capacidad objetiva de cumplir en el sector empresarial formal con una carga que no condice con una situación de iliquidez que lo apremia gravemente: menor actividad económica, pérdida de producción por factores climáticos, precios deprimidos, competencia desleal e ilegal, etc.

Pagar el segundo aguinaldo en el sector público es fácil -hasta se podría recurrir al déficit permanente para ello- no así en el sector privado. Los gobiernos no quiebran, las empresas sí. ¿Qué pasará si queriendo hacer hoy un bien a los trabajadores, mañana muchos pierden su empleo?

(*) Economista y Magíster en Comercio Internacional

Fuente: “El Deber”

Santa Cruz, 4 de noviembre de 2015