El procurador general del Estado, César León La Faye, anunció que la institución que dirige se adherirá a la denuncia de las víctimas por el caso del operativo policial en el Hotel Las Américas de 2009 y calificó lo ocurrido ese año como un “terrorismo de Estado”.
La autoridad aseguró que la Procuraduría se encuentra predispuesta a hacer cumplir las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respecto al ‘caso Tadic Astorga y otros vs. Bolivia’, más conocido como el caso Hotel Las Américas.
“Estamos adhiriéndonos a las denuncias que presentaron las víctimas ante el Ministerio Público, a efecto de poder estar a derecho y cumplir con la tercera recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de que se debe iniciar una investigación penal”, anunció.
El caso se remonta al operativo policial del 16 de abril de 2009 en el Hotel Las Américas, en Santa Cruz de la Sierra, donde murieron Michael Dwyer, Eduardo Rózsa y Árpád Magyarosi. Otras personas fueron detenidas y denunciaron torturas y detenciones prolongadas que se extendieron entre seis y 10 años.
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Reparación integral a las víctimas; garantizar atención médica y psicológica; realizar una investigación penal diligente y efectiva; y adoptar medidas para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir son las cuatro recomendaciones que emitió la CIDH.
“Lo importante es que este terrorismo de Estado debe ser investigado, debe determinarse quiénes han participado y, obviamente, su grado de responsabilidad, a fin de que respondan ante la justicia”, afirmó.
En octubre de 2024, la CIDH concluyó que el Estado boliviano es responsable por la violación de los derechos a la vida y a la integridad personal.
La denuncia
Tres víctimas del caso del Hotel Las Américas formalizaron ante la Fiscalía Departamental de Santa Cruz una denuncia penal contra al menos 153 personas, entre ellas exautoridades de los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS), exfiscales y excomandantes de la Policía y las Fuerzas Armadas, por los presuntos delitos de asesinato, vejaciones y torturas, entre otros.
Según documentos publicados por la red DTV, el documento está firmado por David Sejas Lopes, Alfredo Saucedo Ayala y Juan Carlos Guedes Bruno, quienes fueron procesados por el delito de terrorismo y permanecieron detenidos durante varios años en la cárcel, presuntamente sometidos a torturas y amenazas.
Entre los nombres figuran exministros de los gobiernos del expresidente Evo Morales, directores sectoriales, miembros de unidades de élite policial disueltas, como la UTARC (Unidad Táctica de Resolución de Crisis), fiscales del caso y operadores de justicia que participaron en los operativos y procesos posteriores, según un documento publicado por DTV.
Algunos de los denunciados son Raúl García, hermano del exvicepresidente Álvaro García; el exvicepresidente David Choquehuanca; el exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana; y los exministros de Gobierno Carlos Romero, Alfredo Rada y Sacha Llorenti, además del viceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán.
Además, figuran los exdiputados Héctor Arce Zaconeta, René Martínez, Félix César Navarro, Betty Yañíquez, Gustavo Torrico y Peter Maldonado; la abogada Paola Barriga; la exministra de Transparencia Nardy Suxo; y los exfiscales generales del Estado Mario Uribe, Juan Lanchipa y Ramiro Guerrero, además del exfiscal que presentó la acusación por el caso Hotel Las Américas, Marcelo Sossa.
Según informó Unitel, el documento presentado a la Fiscalía de Santa Cruz establece que la denuncia contra estas personas es por asesinato, tentativa de homicidio, vejaciones y torturas, privación de libertad, lesiones gravísimas, graves y leves, resoluciones contrarias a la ley, amenazas y otros.