La Paz
César Sánchez
28/05/2018 - 11:50

La Fiscalía acepta la denuncia contra policías que habrían agredido a funcionaria municipal

"El Ministerio Público admite denuncia contra efectivos policiales por agresión a funcionaria municipal de La Paz", señaló la Fiscalía a través de su cuenta oficial de Twitter.

El Ministerio Público aceptó la denuncia interpuesta por la Alcaldía de La Paz en contra de efectivos policiales que habrían agredido físicamente a una funcionaria municipal de esa ciudad.

"El Ministerio Público admite denuncia contra efectivos policiales por agresión a funcionaria municipal de La Paz", señaló la Fiscalía a través de su cuenta oficial de Twitter.

Según información de la Alcaldía, se denunció al subteniente de la policía por violencia contra la mujer que vulnera la Ley 348 –que busca garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, lesiones leves e impedir el ejercicio de funciones de la funcionaria edil el jueves pasado.

Según la denuncia, el pasado jueves una funcionaria de la Alcaldía paceña fue agredida físicamente después de pedir “amablemente” al oficial estacionar en forma correcta la patrulla policial en la calle Luis de la Oliva, entre Guzmán de Rojas y Ricardo Mujía, del barrio de Sopocachi.

La funcionaria Yamile Cáceres, entrevistada en RTP, contó que la agresión del policía en su contra se dio luego de que ella se asomó con su celular para registrar la reacción violenta del uniformado. Tanto el celular como una gorra que fueron decomisados no fueron devueltos aún.

“Yo me asomo a grabar y es ahí donde (el subteniente) me agarra de los brazos, me agarra de los cabellos y me mete a la patrulla a la fuerza, me dice porque estaba prohibido grabar, me quita mi celular dentro la patrulla y no me lo devolvió hasta el día de hoy ni el celular ni la gorra”, refirió la funcionaria.

En cambio, la funcionaria, tras denunciar el hecho, fue aprehendida la pasada semana por “impedir o estorbar el ejercicio de funciones”.

En ese sentido, el juez Armando Zeballos Guarachi, del juzgado Séptimo de Instrucción Cautelar, determinó la detención domiciliaria para la funcionaria, además de arraigo y la obligación de presentarse ante el Ministerio Público cada 15 días para marcar su huella en un registro biométrico que deje constancia que sigue en la ciudad.

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