La Defensoría del Pueblo presentó ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto Supremo 4078, que exime de responsabilidad penal a las Fuerzas Armadas por sus acciones en operativos de restablecimiento del orden público.

En el recurso se señala al cuestionado decreto 4078 como norma que infringe la Constitución Política del Estado. Nadia Cruz, defensora del pueblo, argumentó que la seguridad es una labor de la Policía y no de las FFAA.

"La Defensoría del Pueblo pide la desmovilización de las Fuerzas Armadas a fin de evitar que se produzcan más muertes, tomando en cuenta que su intervención junto a la Policía Boliviana tuvo como objetivo principal el resguardo de la ciudadanía ante hechos vandálicos que se suscitaron entre el 10 y el 12 de noviembre", pide la institución en un comunicado.

El Gobierno nacional emitió un Decreto Supremo en el que exime de responsabilidad penal a las Fuerzas Armadas que participen en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública  cuando “en cumplimiento de sus funciones constitucionales actúen en legítima defensa o estado de necesidad en observancia de los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad”.

El Decreto fue cuestionado, entre otros, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que calificó de “irresponsable” la norma y anunció que enviará un equipo de trabajo para “observar la situación de derechos humanos en el país”.