El presidente de la Cámara Departamental de Transporte Pesado de La Paz en Bolivia (Cadetrans), Álvaro Ayllón, informó que su organización determinó cerrar las fronteras con Chile, como protesta por la falta de atención de la Terminal Puerto de Arica (TPA), que consideran "secuestro" la mercadería boliviana. El conflicto que comenzó el mes pasado ha provocado una perdida de $us 93 millones al comercio boliviano, según denunció la Cámara Nacional de Industria (CNI).

Tanto transportistas como empresarios han solicitado la intervención de la Cancillería porque consideran que se está vulnerando el Tratado de 1904, que beneficia a Bolivia con un régimen de libre tránsito por Arica, pero la TPA dispuso un alza de las tarifas portuarias que la Administración de Servicios Portuarios-Bolivia (ASP-B) rechazó con el argumento de que la medida debía ser concensuada entre los gobiernos de Chile y Bolivia.

"El transporte de carga ha determinado un cierre de fronteras a nivel nacional. Se está coordinando cómo ejecutar, esta tarde vamos a determinar la estrategia a seguir", informó Ayllón a los periodistas.

Los transportistas bloquearían los principales accesos entre Bolivia y Chile, como Pisiga y Tambo Quemado. Su representante advirtió que los choferes varados en Arica están prácticamente como "rehenes", ya que se ven obligados a cuidar la carga y no cuentan, con las mínimas condiciones para subsistir.

El dirigente pidió a las autoridades portuarias de Chile dictar un cuarto intermedio para dejar pasar la carga boliviana y remarcó que las acciones de la TPA  vulneran flagrantemente el Tratado de 1904, por lo que pidió a las autoridades bolivianas acudir a organismos internacionales para denunciar esa violación.

Perdidas millonarias

"Calculamos que el daño económico global a la economía boliviana, al transporte y comercio especialmente, es de por lo menos 9,3 millones de dólares diarios y hasta ayer [26 de septiembre] ya contábamos 11 días de paralización", dijo a reporteros el presidente de la CNI, Ibo Blazicevic.

Blazicevic coincidió con los transportistas en que la administración privada del puerto de Arica estaría cometiendo una violación del tratado de 1904 y demandó una intervención urgente de la Cancillería boliviana.